Simón escondió datos del 8-M a la juez, según la Guardia Civil
El último informe policial que se ha aportado a la causa del 8-M destaca el convencimiento de la falta de información aportada desde el CCAES
La Guardia Civil ha aportado un nuevo informe a la juez del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, donde apunta que los datos que aporta el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) están incompletos.
A pesar de no incluir pruebas, muestra su convencimiento de que Fernando Simón —director del organismo— oculta información clave para que la jueza pueda valorar el grado de conocimiento que tenía el Gobierno antes de la celebración de las manifestaciones del Día de la Mujer.
El documento policial destaca que se había pedido expresamente mediante un requerimiento judicial la entrega de “todas las recomendaciones, instrucciones o directrices” que se hicieron durante aquellos días.
Finalmente, la Guardia Civil “deduce” que entre el material entregado por el CCAES “podrían faltar documentos”. Según los agentes, Sanidad solo incluye los mensajes enviados a través de dos cuentas de correo electrónico genéricas del organismo, dejando fuera las de sus directivos, como Simón.
Este es el segundo informe que la policía aporta al caso, después de un primero que provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos. El último cayó en errores, especulaciones y aportó datos sesgados. Entre otros, se hizo eco de noticias de medios de comunicación que ya habían sido previamente desmentidas.
Este segundo informe, al que ha tenido acceso El País, va por la misma línea. Los datos esta vez también apuntan a retrasos en la entrega de la información. De hecho, los autores del informe destacan que solo consiguieron obtener los documentos después de acudir al juzgado y personarse en el CCAES con una provindencia que lo exigía.
Información imprecisa
El primer requerimiento de esta información que se hizo al CCAES se produjo el 16 de abril. El organismo indicó que lo entregaría el 5 de mayo y finalmente lo hizo el 21 de ese mismo mes.
El responsable de ello, según la Guardia Civil, es el director del centro. Se basan en que la comunicación del primer aplazo se hizo de parte de “un funcionario del Ministerio de Sanidad próximo a Fernando Simón”, mientras que el último se motivó porque faltaba su «supervisión” para que Sanidad procediera a su entrega.
La información “hace que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones”, indican. A pesar ello, la jueza del caso ya ha rechazado en varias ocasiones el imputar a Fernando Simón por considerar que la investigación no se dirige contra él. El único imputado es el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El informe policial concluye que Simón “dispone de un gran caudal de información acerca del covid-19 en fechas muy tempranas a la aparición de la enfermedad”. Y añade que, por lo tanto, “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.
