Felipe VI cumple 10 años de un reinado marcado por la inestabilidad y la crispación política

El 19 de junio de 2014 Felipe VI se presentó ante las Cortes en la ceremonia de proclamación con un discurso de «ejemplaridad» que ha ido desarrollando en estos diez años y cuyo objetivo era recuperar la debilitada imagen de la Corona, asediada hace una década por los escándalos que afectaban tanto a Don Juan Carlos como a otros miembros de la Familia Real, recuerda Europa Press.

En aquel primer discurso, Don Felipe sostuvo que el Rey debe «ser símbolo de la unidad y permanencia del Estado», «respetar el principio de separación de poderes» y mantener la «neutralidad política». «Encontrarán en mí a un jefe del Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar y también a defender siempre los intereses generales», aseguró.

Además, hizo especial hincapié en que «la Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza» y también cumplir con su exigencia de «ejemplaridad» a quienes protagonizan la vida pública. «El Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no solo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos», defendió.

Misión: mejorar la imagen de la Corona

Como encarnación de «una monarquía renovada para un tiempo nuevo», en sus propias palabras, Felipe VI emprendió rápidamente acciones para intentar contener el deterioro de la imagen de la Corona, golpeada por los escándalos en torno a Don Juan Carlos, en particular tras el accidente de Botsuana en 2012, y la imputación de la Infanta Cristina y su entonces marido, Iñaki Urdangarín, en el ‘caso Noos’.

De hecho, tal y como reconoció recientemente Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey en el momento de la abdicación de Juan Carlos I, las encuestas y traking internos que llevaban haciendo durante meses en Zarzuela arrojaban una valoración negativa del monarca, frente a una valoración más positiva del entonces Príncipe de Asturias.

Así las cosas, el primer paso fue reducir los miembros de la Familia Real a él mismo, la Reina Letizia y sus dos hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, así como los eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, dejando fuera a sus dos hermanas. Semanas más tarde, desde Zarzuela se procedió a aclarar que las infantas Elena y Cristina no podrían realizar actividades de carácter institucional salvo a petición expresa del Rey y sin percibir ningún tipo de prestación a cambio.

Por otra parte, Don Felipe dio instrucciones para que a partir del 1 de enero de 2015 los miembros de la Familia Real no pudieran viajar gratis en vuelos comerciales, aceptar regalos personales «que puedan comprometer la dignidad de sus funciones institucionales» ni beneficiarse de favores o servicios ofrecidos en condiciones ventajosas por su condición.

Además, en junio de 2015, el monarca procedió a retirar el título de duquesa de Palma a la Infanta Cristina, quien finalmente sería absuelta en febrero de 2017. Pero si marcar distancias con su hermana pequeña y entonces marido fue la prioridad inicial, posteriormente el Rey se vio obligado a hacer lo propio con su padre.

La obligación de tomar distancia con Juan Carlos I

El 15 de marzo de 2020, con los españoles recién recluidos en sus casas por la pandemia, se anunció que el Rey renunciaba a cualquier herencia de Don Juan Carlos «que personalmente le pudiera corresponder» y que el emérito, que en mayo de 2019 había anunciado su retirada de la vida pública, dejaría de percibir la asignación fijada en los Presupuestos de la Casa del Rey.

En junio de ese mismo año la Fiscalía abrió diligencias por el supuesto cobro de comisiones por el Rey emérito en relación con la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas y el 3 de agosto Zarzuela anunció que Don Juan Carlos se había trasladado a Emiratos Árabes Unidos, donde terminaría estableciendo su residencia y donde permanece hasta la fecha.

En noviembre de 2020 llegaron otras dos investigaciones más: una por el uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas después de su abdicación, y otra en relación con una supuesta cuenta con 10 millones de euros a su nombre en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.

El antiguo monarca llevó a cabo dos regularizaciones fiscales –una en diciembre de 2020 por 678.000 euros y otra en febrero de 2021 por casi 4,4 millones– con vistas a despejar su panorama judicial y finalmente vio como una tras otra las investigaciones en su contra se cerraban. Tampoco prosperó posteriormente la demanda que la que fuera su amiga íntima, Corina Larssen, presentó en su contra ante la justicia británica.

Esto allanó el camino a que pudiera volver de visita por primera vez en mayo de 2022, en aquella ocasión rodeada de polémica por su gran exposición mediática, pero en los últimos meses sus visitas se han hecho cada vez más frecuentes –este mismo fin de semana está en Sanxenxo para asistir a una regata– y también más discretas, con reencuentros familiares incluidos. Sin embargo, por ahora no ha vuelto a plantearse la posibilidad de su vuelta definitiva a España.

La actitud ante el independentismo

El otro gran tema que ha marcado esta primera década en el trono de Felipe VI ha sido sin duda Cataluña. En aquel primer discurso como Rey, ya dejó clara su «fe en la unidad de España, de la que la Corona es símbolo» y defendió que en la «España unida y diversa, basada en la igualdad de los españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto de la ley», cabían todos los españoles.

De ahí el que tras el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, el monarca optara por pronunciar un inusual discurso que le ganó la enemistad de los partidos independentistas catalanes hasta la fecha, ya que vieron en sus palabras una injerencia del monarca.

Aquel discurso del 3 de octubre es hasta ahora el más importante, ya que con él se posicionó claramente en defensa de la Constitución frente a quienes buscaban «ilegalmente proclamar la independencia de Cataluña», a los que acusó de «una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado».

Don Felipe arremetió contra los responsables de la Generalitat, entonces encabezada por Carles Puigdemont, quienes «de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del Derecho y de la democracia». «Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común», les recriminó.

Con su intervención, quiso también enviar un mensaje de tranquilidad tanto a los catalanes no independentistas –«no estáis solos»– como al resto de españoles. «Son momentos difíciles, pero los superaremos. Son momentos muy complejos, pero saldremos adelante (…) porque nuestros principios democráticos son fuertes, son sólidos».

Aquel discurso, más de seis años después, le sigue persiguiendo. Desde la Generalitat, primero el ‘president’ Quim Torra y luego, aunque en menor medida Pere Aragonés, han intentado boicotear siempre que han podido los actos oficiales a los que ha asistido, negándose a recibirle como prescribe el protocolo.

Paradójicamente, Don Felipe tuvo que sancionar precisamente el pasado 11 de junio la Ley de Amnistía por la que los dirigentes independentistas que fueron condenados en su momento en relación con los sucesos del 1-O verán anuladas sus sentencias.