Feijóo y sus presidentes autonómicos proclaman su «frontal rechazo» a la amnistía propuesta por Sánchez

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y sus barones regionales que gobiernan en 14 comunidades y ciudades autónomas suscribieron este sábado una declaración con la que proclaman su «frontal rechazo» a la amnistía que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere conceder a los políticos independentistas que vulneraron la Constitución en 2017 y clamaron contra la disposición del Ejecutivo central a «vivir permanentemente extorsionado» por sus socios.

Así queda plasmado en la ‘Declaración de Córdoba’ que todos ellos firmaron en el encuentro que están celebrando este fin de semana en la ciudad andaluza para unificar posturas contra los pasos del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y adoptar medidas conjuntas desde sus respectivos territorios.

El documento, recogido por Servimedia, reivindica el modelo de Estado amparado por la Constitución de 1978 como «la mejor garantía de nuestra convivencia y prosperidad porque en ella se reconocen la inmensa mayoría de los españoles» y, por ello, rechazan «con toda contundencia que el actual Gobierno central haya elegido vivir permanentemente extorsionado por el independentismo».

A su juicio, «la democracia española atraviesa hoy uno de los momentos más graves de su historia. Aunque la Constitución siempre ha contado con detractores en los partidos independentistas, éstos nunca como en la actualidad habían tenido tanta capacidad de influencia en el proyecto común de 48 millones de ciudadanos».

Además, Feijóo y sus barones muestran «frontal rechazo a la ley de amnistía, que es corrupción política» y expresan su voluntad de trabajar «para frenarla ante todas las instancias posibles» ante la «extrema debilidad del Partido Socialista, sometido por voluntad propia al chantaje de las fuerzas políticas independentistas».

Critican que Sánchez ha llegado a «consumar el mayor ataque a la igualdad entre españoles y al Estado de Derecho con la aprobación de una ley de impunidad que blinda el privilegio, la desigualdad y el olvido». «Una norma que se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos».

También recalcan que «el futuro de España corresponde decidirlo a todos y cada uno de los españoles» y censuran que el PSOE intente «disfrazar la ley de impunidad como un ejercicio de reconciliación, que no es real, ni específicamente en Cataluña ni tampoco en el conjunto de España».

«Más allá de la inmoralidad e ilegalidad del texto legislativo, su impulso ya ha derivado en la división de nuestro país en dos y en que el independentismo se sienta impune para reactivar su propósito de autodeterminación, tal y como manifiestan pública y reiteradamente. Condenamos que el socialismo facilite impertérrito todo ello», argumentan.

Corrupción política del ‘Caso Koldo’

La declaración rechaza a su vez «toda forma de corrupción económica» y exige al Ejecutivo socialista «explicaciones y dimisiones por la trama beneficiada en medio de la pandemia y el torpedeo a la investigación» del ‘caso Koldo’ durante los dos últimos años.

«Nos comprometemos a seguir denunciando en las instituciones y en los tribunales cualquier derivada de este desfalco en las arcas públicas, afecte a quien afecte. El intento del Gobierno central, a través de la ley de amnistía, de desactivar uno de los poderes del Estado, en este caso el judicial, es un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático y especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra hoy acorralado por una trama de corrupción que afecta a miembros del Gobierno del más alto nivel, a la tercera autoridad del Estado y a otras instituciones o altos cargos del Ejecutivo», añaden contra Francina Armengol como presidenta del Congreso.

Por todo ello, los dirigentes populares expresan su disposición para «revertir desde nuestras responsabilidades las desigualdades que se están generando» con el fin de «preservar la igualdad y solidaridad que se están viendo menoscabadas». «Consideramos inadmisible que la toma de decisiones y el reparto de recursos públicos se administren arbitrariamente según la necesidad parlamentaria del actual Gobierno, obviando los intereses generales».

Recuerdan que gobiernan para el 70% de la población y reclaman la convocatoria «de forma inmediata» de la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes, para trasladar al Gobierno de Sánchez su rechazo a las políticas que está adoptando.

«La reiterada negativa del presidente del Gobierno a reunir la Conferencia de Presidentes acredita su falta de interés por nada que no tenga que ver con su mera continuidad en Moncloa. Una situación que contrasta amargamente con la colección de cesiones unilaterales, reuniones a la carta con sus socios e incluso encuentros clandestinos fuera de la UE para negociar privilegios en nombre de todos los españoles. Manifestamos nuestro desprecio por este trato desigual e inmoral que crea ciudadanos de primera y de segunda», aducen.

En este sentido, prometen gestionar «con eficacia y lealtad para construir desde cada rincón de España una nación plural de ciudadanos libres e iguales» aprovechando la descentralización del Estado gracias a un modelo autonómico que definen como «el mejor para conjugar la unidad de la Nación con la diversidad de las nacionalidades y regiones que conforman España».

Esta ‘Declaración de Córdoba’ del PP está suscrita por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la presidenta de Baleares, Marga Prohens; la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez; el presidente de Melilla, Juan José Imbroda; y Alberto Gaitán, en representación de Ceuta.