Feijóo apuesta por brindar más autonomía a los Ayuntamientos para ganar agilidad y solucionar la crisis de vivienda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado la importancia de que la vivienda sea un «derecho» y no un «problema» ante una treintena de alcaldes de la formación en grandes ciudades de la geografía española que se han congregado en Zaragoza con el objetivo de conformar un «frente común» en materia de vivienda, seguridad y fiscalidad. Para ello, los regidores ‘populares’ de ciudades con una población superior a los 100.000 habitantes han suscrito un documento con los compromisos acordados en el marco de la cumbre municipal.

De esta manera, Feijóo se propone asegurarse el apoyo de los alcaldes de su partido en la ofensiva que ha abierto en materia de vivienda contra el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, el cual considera que «no es competitivo» y que no está dando respuesta a una generación que se siente «frustrada» y «engañada» al no poder convertirse en propietaria de un inmueble.

Acuerdos de Zaragoza

«El problema de la vivienda preocupa y ocupa a la gente», ha asegurado para después lamentar que la gravedad de la crisis habitacional haya escalado a lo largo de los últimos años. «La abundancia de las promesas incumplidas por parte del Gobierno choca con la escasez en la oferta», ha hecho hincapié y ha dejado bien claro que no se «quedarán quietos» ante las familias y los jóvenes que se ven obligados a vivir en pisos de alquiler compartido a causa de la situación del mercado inmobiliario.

Ante este escenario, ha desgranado algunos de los acuerdos alcanzados durante la cita. «Nos hemos comprometido a crear un catálogo de suelo finalista para construir vivienda asequible y a movilizar las parcelas de titularidad pública, incluso las de carácter dotacional, que lleven tiempo vacantes y no hayan cumplido su función inicial», ha explicado y ha añadido que también apuestan por diseñar la oferta de vivienda teniendo en cuenta las necesidades de colectivos como los jóvenes, las familias numerosas o las personas con discapacidad.

«Nos comprometemos a que los ayuntamientos tengan más autonomía en el desarrollo de planes urbanísticos, que el urbanismo sea más ágil y eficaz, que se garantice la seguridad jurídica y el dinamismo», ha ahondado. En este punto, ha puesto como ejemplo que los ciudadanos que soliciten una licencia dispondrán de un periodo de tres meses para obtener una respuesta por parte del consistorio y podrán dar comienzo a los trabajos de construcción si no obtienen ninguna comunicación en el transcurso de ese tiempo.

Por otro lado, ha reprochado al Gobierno que bloquee la Ley contra la okupación ilegal impulsada por los populares en el Senado. «No nos deja discutirla ni votarla porque hay más partidos a favor de aprobar la norma contra los okupas que los votos de que dispone para impedirla», ha aseverado en una clara alusión al Ejecutivo.

La «agenda del escándalo» del Gobierno

Feijóo también ha centrado su intervención en los últimos escándalos que se ciernen sobre el presidente del Gobierno. A sus ojos, el PP está promoviendo una agenda del cambio, mientras que la del Ejecutivo promueve la del «escándalo». Para ello, se ha referido a las acusaciones contra el Fiscal General del Estado y la dimisión del hermano de Sánchez de su puesto en la Diputación de Badajoz.

«Esta agenda del escándalo llena de contenido los informativos, pero vacía los bolsillos de los españoles, desvía a la nación de sus prioridades y les conduce a los tribunales y a Waterloo», ha apuntado y ha lamentado que no lleve al país a ninguna parte y lo conduzca a la decadencia política, económica y social.

Financiación autonómica y despoblación

El líder de la oposición ha advertido sobre la financiación autonómica que la intención del Gobierno es eliminar y sustituir los criterios de equidad por las «consignas» del independentismo. «Quiere sustituir la financiación autonómica por la de una ideología que es el separatismo, nuestro dinero es para todos los españoles no para financiar al Gobierno unos meses más en La Moncloa», ha hecho hincapié.

A la vez, se ha mostrado convencido que la despoblación en la financiación autonómica, así como la dispersión y el envejecimiento. «Son criterios solidarios con la España constitucional», ha zanjado.