Feijóo salva la renovación del CGPJ bajo la presión de Bruselas y el grito de socorro de los jueces

Fumata blanca en el poder judicial. PSOE y PP han acordado este martes la renovación de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial tras cinco años de mandato caducado. Las cesiones proceden de ambos bandos, tras las amenazas del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar la gobernanza judicial en España a terreno desconocido. El líder de los Populares, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó para asumir la responsabilidad del acuerdo frente a aquellos que le exigían ir al choque frontal contra los socialistas.

Sin embargo, el líder de la oposición tenía pocas opciones de negarse al acuerdo. Desoyó a quienes le pedían guerra y escuchó a dos pilares importantes: a Bruselas y a la judicatura española, ambos deseosos de impulsar el acuerdo por la insostenible situación en España. «La situación del CGPJ era insostenible, y nos resta mucha legitimidad en Europa que no lo hayamos renovado. Hay que hacerlo, poniendo las condiciones que sean, pero hay que hacerlo. Los magistrados del Supremo están desesperados, y esperan cualquier cosa de Sánchez si no se renueva», según confirman fuentes del PP a ECONOMÍA DIGITAL.

Feijóo desencalla el acuerdo

El acuerdo se ha pactado en Bruselas entre el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños con el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, quien estuvo atenta a que el acuerdo siga los pasos de la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023.

Los miembros del CGPJ llevan cinco años y medio con su mandato caducado, y la necesidad de un acuerdo era un reclamo cruzado entre dirigentes socialistas y populares, a los que se sumaban organismos judiciales como el Tribunal Supremo. Ahora, el acuerdo tiene que ser ratificado por el Congreso.

Las amenazas de Pedro Sánchez a Feijóo

Las negociaciones, que parecían estancadas como en los últimos dos encuentros entre Pons y Bolaños, se aceleraron tras las amenazas de Pedro Sánchez de quitar al CGPJ las competencias para nombrar a los magistrados si para fines de junio no se llegaba a un acuerdo, anuncio que le valió las críticas del arco opositor y de asociaciones judiciales.

El acuerdo entre ambas fuerzas políticas precisa que se instauran mecanismos para reforzar “las garantías de independencia de jueces y magistrados”, así como se establecen mejoras para la autonomía de la Fiscalía General del Estado.

En el pacto, se encarga a los nuevos integrantes del Consejo «la redacción de un proyecto de ley que reforme el método de elección de integrantes en el órgano de gobierno de los jueces» que tenga en cuenta las exigencias de la Comisión europea y sus recomendaciones acerca del Estado de Derecho.

Además, se acuerda que todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada (de tres quintos de los miembros), y «por primera vez en la historia» serán los nuevos vocales del Consejo los que escojan al magistrado que presida el CGPJ, elección que se hará por un mínimo de 12 votos a favor «y sin candidatos sugeridos».

«El acuerdo implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser Fiscal general del Estado. Por tanto, el pacto implica evitar nuevos casos Dolores Delgado», precisan en el PP.

Los vocales elegidos

Los seis vocales de procedencia judicial propuestos por el Congreso son Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), Gema José María Macías Castaño (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño).

Los otros seis vocales, también de procedencia judicial pero que llegan desde el Senado, son José Antonio Montero (magistrado del Tribunal Supremo, José Eduardo Martínez Mediavilla (presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (juez de lo penal de Mataró).

A ellos se les suman otros ochos juristas, que son José Luis Costa Pillado (presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal), Pilar Jiménez (fiscal superior de Cantabria), Argelia Queralt (profesora Derecho Constitucional UB y Letrada del Tribunal Constitucional), Ricardo Bodas (magistrado jubilado de la Sala 4ª Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (LAJ Sala 3ª Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (letrada de Cortes).

Además, PP y PSOE acordaron cubrir la vacante pendiente el Tribunal Constitucional que, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, ocupará José María Macías Castaño, actual vocal del CGPJ.