Fedea, el think tank de Caixabank, Santander y BBVA, desmonta los ataques contra Ayuso y Madrid del Gobierno

El Gobierno ha arrancado el nuevo curso político en el ojo del huracán a causa del cupo catalán, uno de los acuerdos alcanzados entre PSCy ERC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. En este escenario, el Ejecutivo ha aprovechado para convertir las políticas impulsadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid encabezado por Isabel Díaz Ayuso en el blanco de sus críticas y redirigir la atención mediática.

«De cada 10 euros que el Gobierno ha dado la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, de la clase media, de la mayoría social, el gobierno autonómico ha usado tres para hacer regalos fiscales a los más ricos«, dijo el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su primer discurso tras las vacaciones, para esquivar cualquier crítica sobre el establecimiento de un concierto económico para Cataluña, que detraerá recursos solidarios al resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha desmontado los argumentos esgrimidos por el Gobierno para defender el cupo catalán en un documento que lleva por título ‘Algunas reflexiones al hilo del debate sobre el concierto catalán’. 

Acusa al Gobierno de «confundir las cosas»

La entidad, en una nota de opinión de su director, Ángel de la Fuente, ha afeado al Gobierno que repita «hasta la saciedad» que la «verdadera amenaza» a la solidaridad entre autonomías son las bajadas de impuestos de algunas comunidades autónomas.

Después de asegurar que se trata de «un intento poco convincente» de confundir las cosas mezclando asuntos diferentes, ha querido matizar que la redistribución de la riqueza entre territorios «no tiene nada que ver con lo que haga cada uno de ellos internamente con sus impuestos».

Fedea ha recordado que el sistema de financiación autonómica determina que la contribución a la caja común se calcula antes de que la cada región baje o suba los impuestos, por lo que «no depende de sus decisiones en este ámbito».

Aliviar la presión fiscal «no afecta» a otras autonomías

«Aunque Madrid, o cualquier otra comunidad, baje el IRPF a sus ciudadanos, el sistema no le asigna más ingresos y no reduce sus contribuciones a los mecanismos de nivelación, como el Fondo de Garantía», ha puesto como ejemplo la entidad, de la que son miembros protectores el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; el CEO de Banco Santander, Héctor Grisi; o el director general de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, entre otros.

Cuando una comunidad autónoma opta por bajar impuestos, ha señalado, ha de afrontar las consecuencias «en forma de peores servicios o menores prestaciones», si bien ha puntualizado que, a pesar de que pueda implicar una menor redistribución a nivel interno, «no afecta» al resto de comunidades autónomas.

Bajar o subir impuestos, dos opciones «legítimas»

A ojos de la fundación, el caso catalán es «muy distinto», puesto que la intención es recortar la aportación de la comunidad a otros territorios sin que los ciudadanos tengan la oportunidad de votar sobre la cuestión. Después de explicar que se suele argumentar que las regiones que bajan impuestos no tienen derecho a pedir una mejor financiación, ha enfatizado la importancia de «matizar» esta consideración.

A pesar de que el sistema no permite que una comunidad autónoma baje impuestos y pida que se le compense por la pérdida de ingresos resultante, ha reconocido que existen regiones como Murcia o la Comunidad Valenciana, que están lideradas por gobiernos favorables a la reducción de la presión fiscal y «reclaman con toda la razón» una mejora de la financiación porque el sistema las trata de forma muy desfavorable.

En este sentido, ha concretado que para valorar si una comunidad autónoma está bien financiada se debe calcular «a igual esfuerzo fiscal», es decir, antes de subir o bajar los gravámenes que tiene cedidos. En el caso de que existan «motivos razonables de queja» la región tiene derecho a pedir más dinero que, según la entidad, podría utilizar para bajar sus impuestos y aceptar el «inevitable precio implícito» en peores servicios.

«Los ciudadanos ya dirán si les parece bien o no en las urnas, pero no hay un criterio moral absoluto que establezca que bajar impuestos es necesariamente malo y subirlos necesariamente bueno», ha insistido antes de zanjar: «Son opciones políticas igualmente legítimas».