El Síndic de Greuges irrumpe en la crisis para cuestionar a la policía
El Defensor del Pueblo catalán dice que las medidas de seguridad no deben ser principalmente sancionadoras durante el confinamiento por el coronavirus
Una patrulla de los Mossos d’Esquadra controla a los vehículos que se desplazan en el centro de Barcelona durante el estado de alarma. /EFE/AD
El Síndic de Greuges ha visto oportuno criticar la actuación policial durante la aplicación del estado de alarma que obliga a los ciudadanos a confinarse en sus hogares debido a la pandemia del coronavirus. El Defensor del Pueblo catalán ha publicado esta semana un comunicado en el que señala que las fuerzas de seguridad deben limitar su actuación a las funciones pedagógicas y de advertencias, pero no sancionadoras. Y si es necesario sancionar, «debe ser de manera proporcionada, motivada y plenamente justificada», dice, poniendo en cuestión que ese haya sido el proceder estas casi tres semanas.
Aunque admite que no ha recibido ninguna queja sobre un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales activos en Cataluña, y si bien reconoce que la actuación de las fuerzas de seguridad está siendo por lo general «ponderada y pedagógica», el Síndic insiste en que los agentes deben guiarse por los criterios de «oportunidad, congruencia y proporcionalidad». ¿Qué le motiva a poner la lupa sobre los policías en pleno estado de alarma? Escritos que ha recibido y noticias a las que ha tenido acceso «de situaciones que se podría considerar que incurren en abuso de las atribuciones policiales».
Denuncias en las redes sociales y quejas puntuales recibidas por la institución son, básicamente, los factores que le han motivado a criticar la actuación policial. Habla, por ejemplo, de ciudadanos que estaban en la calle realizando actividades previstas por el decreto del estado de alarma a los que los agentes han increpado o requerido, «presuntamente de malas maneras», para saber por qué estaban en la vía pública. O de personas a las que los agentes han obligado a volver a sus domicilios y han impuesto sanciones porque los policías consideraron que sus excusas eran poco convincentes.
Más de 250.000 sanciones desde el 14 de marzo
Desde la entrada en vigor del estado de alarma, el 14 de marzo, los cuerpos de seguridad han propuesto más de 250.000 sanciones en toda España y han detenido a más de 2.000 personas. Solo el pasado 31 de marzo hubo 150 detenidos y más de 18.000 propuestas de sanción en todo el país, según datos del Ministerio del Interior. Ese día, en Cataluña, los Mossos d’Esquadra detuvieron a seis personas y sancionaron a más de 1.000. La policía catalana ha sancionado a más de 24.000 personas durante la orden de confinamiento, y ha detenido a 187, siempre según datos del Interior.
Aún así, el Síndic dice que «la policía debe actuar atendiendo a un cuidadoso equilibrio y con criterios de proporcionalidad para que los requerimientos que realicen no se puedan considerar limitaciones abusivas del derecho de libre circulación». Además, ha defendido que se «activen canales internos de investigación y de depuración de responsabilidades, y que se garantice que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad esté regida por el principio de legalidad y de respeto a los derechos humanos». Y afirma que si se tiene que hacer uso de la fuerza, que sea la mínima y que se intente evitar.
También sugiere el Defensor del Pueblo catalán que las sanciones económicas sean «proporcionadas y no abusivas», que los policías traten de recurrir lo menos posible a «la figura de la falta de respeto a la autoridad como detonante de la sanción», y que las actuaciones policiales que usen el recurso de la fuerza y la privación de libertad (que, a su juicio, «no encuentran justificación en la infracción de la obligación de confinamiento») debe estar «plenamente justificada».
