La policía controlará y multará los desplazamientos innecesarios

El estado de alarma decretado por el Gobierno para atajar el brote de coronavirus establece que los ciudadanos de todo el país solo pueden desplazarse para acudir a su lugar de trabajo, hospitales y centros de salud, farmacias y supermercados. Para asegurar que esto se cumple, las policías de todo el Estado harán controles y podrán sancionar con entre 100 y 600.000 euros a aquellos ciudadanos que hagan caso omiso a sus recomendaciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado una orden este domingo en la que establece los criterios de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el estado de alarma. El ministerio ha tomado el control único de todos los cuerpos, incluidos Mossos d’Esquadra, Ertzaintza y policías locales.

Según explica el Ministerio del Interior en un comunicado, las policías del Estado serán las encargadas de asegurar las limitaciones para la “libertad deambulatoria” de los españoles. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado «establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden, para asegurar la observancia de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria».

La nota matiza que se garantizará “que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, así como la de permitir la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad».

La orden de Marlaska, uno de los señalados por Pedro Sánchez como responsables de mantener el orden durante el estado de alarma, establece que los ciudadanos deben colaborar siempre con las ordenes de la policía y, aunque no especifica cuantías, sí que prevé sanciones: «El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes».

Las multas podrán ser de entre 100 y 600.000 euros, según fuentes de Interior a Europa Press y El País, en función del incumplimiento, y podría llegarse incluso a una pena de 18 meses de prisión.

Garantizar el normal funcionamiento de los servicios sanitarios

El comunicado no concreta mucho más cómo lo va a hacer. Sí que explica que uno de los objetivos de la orden es que las distintas policías trabajen de forma coordinada, también con las empresas de seguridad privada, cuyos efectivos también podrán usarse para mantener el orden, limitar movimientos y apoyar a las autoridades sanitarias.

En este aspecto, la orden hace hincapié en “garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios”, lo que abarcará también farmacias y empresas farmacéuticas. Además, de ser necesario, “se apoyarán los desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias».

La policía no se ocupará solo de controlar los desplazamientos de la ciudadanía y el normal funcionamiento de los servicios sanitarios. También velarán porqué los comercios que no están en la lista de excepciones del estado de alarma no suban sus persianas.