Escándalo para Yolanda Díaz: investigan por fraude la organización empresarial que ha metido en el diálogo social
La Dirección General de Trabajo Autónomo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, alertó a la Fiscalía sobre "hechos que pudieran ser constitutivos de delito" en la concesión de subvenciones a Uatae y Pimec
El presidente de la patronal Pimec, Antoni Cañete. EFE/Marta Perez
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El juzgado de instrucción número 17 de Madrid ha abierto diligencias contra la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae) y la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa Pimec. El motivo es una denuncia de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid y del Ministerio de Trabajo por presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental.
La Fiscalía optó por dar este paso después de recibir información de la Dirección General de Trabajo Autónomo, dependiente del Ministerio de Yolanda Díaz, en la que se apreciaban «hechos que pudieran ser constitutivos de delito y se apuntaba que ambas organizaciones habrían falseado un documento en el que se fusionaban ambas plantillas. De esta manera, las dos entidades ingresaron más de 200.000 euros en subvenciones en 2021, el doble de lo que les correspondería.
La denuncia que ha interpuesto la fiscalía, que investiga la magistrada María José Garaizabal, está dirigida contra los secretarios generales de Uatae y Pimec, María José Landaburu y Josep Ginesta. «Del relato de los hechos y documentación aportada en el escrito hecho llegar a la Fiscalía se llega a la indiciaria conclusión de que los denunciados, en el marco de la subvención concedida, llevaron a cabo, concertadamente, la realización de distintos actos fraudulentos dirigidos a obtener indebidamente un importe superior al que legalmente les correspondía», ha destacado en su escrito la Fiscalía.
Las bases concretaban que los beneficiarios de la subvención habían de ser asociaciones profesionales de trabajadores autónomos de ámbito estatal de carácter intersectorial inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Personas Trabajadoras Autónomas (REAPTA).
También subrayaban que a la a hora de fijar el importe de la subvención se tendrían en cuenta las plantillas de trabajadores que integraban las asociaciones. En relación con las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos asociadas a las comunidades autónomas, habían de figurar inscritas en el registro autonómico de asociaciones profesionales de autónomos, a excepción de que estuviera constituido.
La documentación presentada por Uatae a través de Landaburu para obtener la subvención incorporaba un certificado que daba cuenta de que Pimec estaba inscrita en el registro de asociaciones de autónomos de Cataluña, «cuando dicho extremo no es cierto», indica la Fiscalía.
Teniendo en cuenta la documentación presentada por Uatae, el Ministerio de Trabajo tuvo en cuenta para la subvención a la plantilla de Pimec, por lo que la ayuda ascendió a 266.123 euros. De haberse incorporado «irregularmente» la plantilla de Pimec al expediente de la subvención de Uatae, la ayuda habría superado los 133.211 euros.
