Una jueza de Barcelona embarga los bienes de los procesados por el 1-O
El juzgado de instrucción 13 de Barcelona empieza el embargo contra 17 procesados por el referéndum del 1-O por un importe de 2,1 millones de euros
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el referéndum independentista del 1-O, inició este martes el embargo de bienes a 17 procesados por un importe de 2,1 millones de euros. Se les acusa de malversación de fondos públicos.
Según avanzó TV3, el juzgado instructor ordenó el embargo de los bienes pese a que todavía no se han resuelto los recursos contra las fianzas.
El juzgado mantiene que faltan por pagar 2,1 millones de la fianza de 5,8 impuesta a los 17 procesados por malversación en el 1-O. En cambio, las defensas argumentan que este importe ya se depositó en el Tribunal Supremo por los mismos hechos.
En un escrito, la secretaria judicial comunicó con antelación a la magistrada que los procesados han pagado casi 3,7 millones de euros -procedentes de la caja de resistencia- pero, una vez finalizado el plazo para abonarlos, faltan otros 2,1 para completar la fianza.
Previamente, el juzgado había ordenado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación, trámite encaminado a acordar en un futuro un eventual embargo de los bienes de los procesados para garantizar la responsabilidad civil impuesta.
Las defensa de los procesados por malversación consignaron en el juzgado casi 3,7 millones de euros. Acompañaron el pago con un escrito en el que argumentaron que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones. El Supremo impuso esta fianza como responsabilidad civil.
Según argumentan los abogados en los recursos que han presentado ante la juez, les estarían reclamando indebidamente el dinero presuntamente malversado en el referéndum por duplicado, en los procesos abiertos en el Supremo y en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
El testimonio de la secretaria
En su escrito, la secretaria del juzgado -cuyo testimonio de lo sucedido en los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Economía fue clave para que las acusaciones imputaran rebelión a la cúpula del procés– recalca que los 2,1 millones están depositados a favor de personas distintas en una causa diferente.
Para la secretaria judicial, Montserrat del Toro, se trata de «un procedimiento distinto del que se instruye aquí, ante un órgano judicial distinto de este juzgado instructor y respecto a unos hechos que ninguna resolución judicial firme haya declarado coincidentes con los investigados en este sumario».
Por ello, la letrada de la administración de justicia considera que «procede dar cuenta» a la magistrada de que «queda pendiente de afianzar la cantidad de 2,1 millones, debiendo proceder conforme a lo dictado en el auto de procesamiento de fecha 4 de abril de 2019 y a lo establecido en la ley procesal respecto a la responsabilidad civil».
En su auto, la juez advertía a los procesados de que debían aportar la fianza -que debe abonarse de forma solidaria-, con la advertencia de que si no lo hacían se procedería al embargo de sus bienes.
El auto de la juez fue recurrido por las defensas en bloque, incluida la fianza, y también por la fiscalía, que ha pedido que se procese por organización criminal a 28 investigados por los preparativos del 1-O, entre ellos la cúpula de la televisión y la radio públicas catalanas y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont.
