El fiscal también acusa de organización criminal al aparato del 1-O
La Fiscalía de Barcelona añade un nuevo cargo de organización criminal a 28 acusados por el referéndum independentista del 1 de octubre
La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del referéndum del 1 de octubre (1-O) de 2017. Además, mantiene los presuntos cargos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.
El ministerio público ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Efe, ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. En el escrito plantea al juez que añada el delito de organización criminal a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O.
Entre los afectados se encuentra la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios ex altos cargos del gobierno de Carles Puigdemont. Los miembros de su gobierno, así como a los entonces líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, se les está juzgando en estos momentos en el Tribunal Supremo.
El Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona investiga los preparativos del referéndum del 1-O. Ha imputado una treintena de dirigentes del segundo escalón de la Generalitat. A 13 de los acusados, se les atribuye un delito de malversación de fondos públicos, por un importe de 4,3 millones de euros en total, que en un principio se habrían destinado a la organización del referéndum ilegal.
Acusados por el 1-O
Entre ellos figura Toni Molons, ex secretario de Difusión de la Generalitat, y nombrado varias veces durante el juicio del ‘procés’ que tiene lugar estos días ante el Tribunal Supremo, ante el cual se negó a declarar. También han desfilado por el juzgado el ex secretario de Presidencia, Joaquim Nin y el ex director de la delegación catalana ante la Unión Europea, Andreu Altafaj.
En total pasarán por el juzgado 30 presuntos participantes en la causa independentista, 17 de los cuales ya han sido cargados, a raíz del delito de malversación, con una multa de 5,8 millones de euros a pagar solidariamente. Esta cantidad supera los 2,1 millones de euros con los que se ha multado a los líderes independentistas, juzgados por el Tribunal Supremo.
El pasado 10 de mayo declararon ante el juez los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio. Precisamente, La causa abierta por el juzgado número 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O ha provocado una guerra abierta en la cúpula de Catalunya Ràdio. El director de la radio pública catalana, Saül Gordillo, procesado por desobediencia por la emisión de anuncios del referéndum ilegal, alega que la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA),Núria Llorach, y el director de márketing de la corporación, Martí Patxot, le tendieron una «trampa» y le sometieron a una «insoportable presión» para que asumiera una responsabilidad sobre la emisión de los anuncios que no le correspondía.
