El Tribunal de Cuentas rechaza suspender el juicio a Puigdemont por los gastos del procés

El Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición del expresidente Carles Puigdemont de suspender el juicio previsto el próximo viernes sobre el supuesto desvío de dinero público al proceso independentista catalán de 2017 y a su promoción exterior, en el que está citado.

Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluis Puig reclamaron la suspensión de la vista y del procedimiento al considerar que este tribunal no puede pronunciarse sobre su supuesta responsabilidad contable cuando el procedimiento penal que dirige contra ellos el Tribunal Supremo sigue abierto.

Rechazo doble de la consejera

Esta petición ya había sido rechazada por la consejera que debe juzgar el procedimiento durante las cuestiones previas y que vuelve a denegar ahora en una providencia en la que alude al principio de compatibilidad entre las jurisdicciones penal y contable.

En otra providencia, la consejera del departamento segundo de la sección de enjuiciamiento también rechaza la petición formulada por Sociedad Civil Catalana, que ejerce de demandante, en la que solicitó que las conclusiones se expusiesen verbalmente en el juicio y no por escrito.

Qué investiga el Tribunal de Cuentas

El juicio, previsto para el viernes que viene, debe determinar si más de una treintena de altos cargos de la Generalitat catalana tuvieron responsabilidad en el desvío de dinero público para la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del ‘procés’.

Además de Puigdemont, entre los demandados se encuentra el expresidente catalán Artur Mas; el exvicepresidente Oriol Junqueras, diversos exconsejeros y numerosos ex altos cargos también procesados en causas judiciales relacionadas con el ‘procés’.

Una sanción de 3,4 millones

En la vista está citado Carles Puigdemont, ya que la defensa de uno de los demandados solicitó como prueba su interrogatorio y, como el tribunal no ha recibido hasta el momento ninguna solicitud para que declare por videoconferencia, fuentes del órgano consultadas por EFE dan por hecho que la citación es presencial, a no ser que se solicite comparecencia telemática.

La Fiscalía solicita que se condene a los demandados al pago de unos 3,4 millones de euros, mientras que Sociedad Civil Catalana eleva los perjuicios ocasionados al erario público a 5,3 millones de euros.