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El Tribunal de Cuentas abre la puerta a suspender el juicio a Puigdemont por la amnistía
El expresident, que había sido citado para declarar como testigo, no ha comparecido. Su defensa alega que "no había sido citado personalmente"
El Tribunal de Cuentas celebra el juicio a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat catalana, incluidos su expresidente y exvicepresidente, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, por el supuesto desvío de dinero público al proceso independentista de 2017 y a su promoción exterior, este viernes en Madrid. EFE/ Javier Lizón POOL
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La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, ha abierto la puerta a la suspensión del proceso contra el expresident Carles Puigdemont y otros líderes del procés por un presunto mal uso de los fondos públicos, a la vista de que la ley de Amnistía registrada en el Congreso podría ‘borrar’ de un plumazo todo lo ocurrido.
Las partes demandadas han alegado «economía procesal» para justificar su petición de suspensión del procedimiento, por el que la Fiscalía reclama más de tres millones de euros por gastos derivados a la organización del referéndum ilegal del 1-O y de la acción exterior a través del Diplocat. La otra demandante, Sociedad Civil Catalana, eleva la cantidad a 5,3 millones de euros.
La Ley de Amnistía contempla que los procesos abiertos en el Tribunal de Cuentas por un presunto mal uso de fondos públicos también estarán incluidos en el ‘perdón’, pero el Ministerio Público ha insistido en que la suspensión del caso «no se puede subordinar a un acontecimiento futuro no incierto, pero cuya certeza no se pueda afirmar». Así, el fiscal ha detallado que, si bien «el previsible futuro» de la ley es que entre en vigor, «a día de hoy conocemos la proposición, pero no los efectos, por lo que no cabe la suspensión».
La consejera que lidera el proceso se ha comprometido a emitir por escrito una «resolución lo más rigurosa posible, teniendo en cuenta además las implicaciones de este asunto y la complejidad del presente caso».
En la vista de este viernes había sido citado el expresident Carles Puigdemont, que aparece como demandado en el caso, pero cuya testifical había sido reclamada por otros codemandados. La consejera que lidera el caso rechazó en una providencia dictada esta semana su comparecencia por vía telemática, argumentando que no había sido requerida con la antelación suficiente.
La Fiscalía, además, se ha sumado al rechazo a la citada comparecencia por vía telemática, detallando que en su caso, estando fuera del territorio nacional, debería haberse producido «con la intervención de la justicia del país en el que se encuentra», una circunstancia que no se produjo.
La defensa de Puigdemont, representada por el abogado Gonzalo Boye, ha asegurado que la petición se produjo tarde porque «hasta hace nada, el señor Puigdemont no sabría si podría venir o no», en referencia a los potenciales efectos de la Ley de Amnistía que evitara su detención a la hora de pisar territorio nacional.
La consejera, que ejerce de ‘juez’, le ha preguntado a Boye sobre la ausencia de su defendido y si podía confirmar «que su patrocinado no ha comparecido». «Le confirmo que no ha comparecido, que quería comparecer y que nunca ha sido citado personalmente», ha replicado Boye.
Sí han comparecido los otros tres testigos citados: María Luisa Lamela, quien dirigió la Intervención General del Estado hasta 2018; Antonio Millet, quien participó en Diplocat; y Alfonso González Bondia, que elaboró un informe sobre tratados internacionales firmados por España para la Generalitat.
En el caso de la primera, Boye ha tenido un rifirrafe con ella por el que ha sido reprendido en varias ocasiones por su «improcedencia» en varias cuestiones. Y también porque ha puesto encima de la mesa que la interrogada es hermana de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que instruyó el caso del procés.
