El Supremo pide el arresto de los compañeros de fuga de Puigdemont
Toni Comín (el número dos de Puigdemont), Clara Ponsatí y Lluís Puig se entregarán a las autoridades escocesas y belgas, confirman fuentes de su defensa
La Justicia española ha reactivado este martes las órdenes de detención y entrega contra los exconsejeros del Govern de Carles Puigdemont que acompañaron al expresident en su huida después del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Toni Comín –el número dos de Puigdemont–, Lluís Puig y Clara Ponsatí se entregarán en los próximos días a las autoridades belgas y escocesas, respectivamente, según han confirmado fuentes de su defensa.
La comunicación de las autoridades escocesas y belgas a los exconsellers fugados ha tenido lugar después de que, la semana anterior, la Fiscalía solicitase al Tribunal Supremo reactivar las euroórdenes contra Comín y Ponsatí por sedición y malversación, y contra Puig solo por malversación. El pasado 14 de octubre, el alto tribunal ya activó la orden de detención contra Puigdemont por los delitos de malversación y sedición, coincidiendo con la publicación de la sentencia del caso 1-O.
La reactivación de estas órdenes de arresto también se ha dado a conocer pocas horas después de que, en el debate electoral de este lunes por la noche, el presidente en funciones Pedro Sánchez se comprometiera ante las cámaras y la oposición a «traer y juzgar» a Puigdemont por su participación en los hechos del otoño de 2017 en Cataluña. Así las cosas, es probable que los esfuerzos para que el expresident rinda cuentas ante la Justicia española también tengan el potencial de afectar a sus compañeros de fuga.
Puigdemont y compañía llevan fugados dos años
Comín huyó al lado de Puigdemont a finales de octubre de 2017, en un movimiento secreto que no fue comunicado con los demás compañeros del Govern que gestó el 1-O, según un libro reciente que cuenta la intrahistoria de la fuga independentista tras la DUI y la aplicación del artículo 155. Tras su huida, pasó de ser conseller de Salud de la Generalitat al número dos de Puigdemont en el «exilio», siendo nombrado vicepresidente del autodenominado «consejo para la república».
Lluís Puig, exconsejero de Cultura, también ha acompañado a Puigdemont en Bélgica desde hace dos años, mientras que la exconsellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, primero se fugó a Bélgica y después se trasladó a Escocia, donde ejerce como profesora universitaria. Los tres ya han respondido anteriormente por otras euroórdenes, pero antes de la sentencia del 1-O. También están fugados la exsecretaria de ERC, Marta Rovira (en Suiza); la exconsejera de Agricultura, Meritxell Serret (en Bélgica); y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (también en Suiza).
Con respecto a los otros consejeros huidos contra los que aún no se ha activado una euroorden, hasta ahora la Fiscalía ha descartado pedir la euroorden contra ellos por diferentes razones, como la necesidad de un análisis más amplio antes de solicitar la colaboración de las autoridades de Suiza, donde residen Rovira y Gabriel. En el caso de Serret, solo se la podría acusar únicamente de desobediencia, por lo que aún no se contempla su detención y entrega.
Tras reactivar el Supremo su orden de arresto, Puigdemont se presentó voluntariamente ante la Fiscalía belga para evitar forzar un arresto. A la espera de una decisión, el expresidente catalán no puede abandonar Bélgica sin autorización judicial, mas no le fue impuesta ninguna fianza. Algo similar planean los exconsejeros Comín, Ponsatí y Puig al anunciar que responderán ante la Justicia, en aras de ofrecer una imagen de colaboración y cierta transigencia.
En todo caso, el magistrado Pablo Llarena, en su resolución de este martes, explica a la Justicia de Bélgica y Escocia el resultado de la sentencia del 1-O no es directamente extrapolable a los procesados en rebeldía, quienes no han sido juzgados, y que se enfrentan a los hechos que ofrece la investigación, aunque «no puede sino concluirse que la sentencia reafirma la conclusión del auto de procesamiento de que los procesados perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad».
