El PSC y la crisis de seguridad: cerca de Foment y lejos de Colau
Los nuevos socios de la alcaldesa Colau rectifican su política de seguridad para frenar el aumento de la delincuencia
El Ayuntamiento de Barcelona ha rectificado la política de seguridad del anterior mandato. No ha sido por obra de la alcaldesa Ada Colau, sino de sus socios socialistas y, concretamente, del teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, de Units per Avançar, actual denominación de la desaparecida Unió Democràtica de Catalunya (UDC).
Aunque quedan por ver los resultados, se están visualizando las primeras medidas: mayor presencia policial en la vía pública, incremento del número de agentes tanto de la Guardia Urbana como de los Mossos, colaboración entre los distintos cuerpos, operativos especiales en el metro e, incluso, persecución de manteros. Todo eso no se vio en los últimos cuatro años, al menos con la intensidad actual.
Fuentes socialistas indican que Batlle “tan solo acaba de empezar”. Recuerdan que el PSC ha asumido áreas como la seguridad y la movilidad, que está a cargo de la concejal Rosa Alarcón, en las que Colau “fracasó” en el anterior mandato. Trabajan para que la ciudadanía visualice los cambios.
Respecto al incremento de la delincuencia, estas fuentes insisten en que no serán “contemplativos” como el gobierno de Colau del anterior mandato. Desde la Guardia Urbana le piden a Batlle que rectifique algunas decisiones de Colau, como la desarticulación de los antidisturbios, aunque por el momento evitará el choque con la alcaldesa.
Uno de las obsesiones de Batlle es conseguir la colaboración de los Mossos que están a las órdenes del consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch.
En unas declaraciones a TV3, Colau recriminó este lunes a Buch que no destinase más mossos a Barcelona hasta ahora. “Reclamamos mossos, pero hace un año el consejero decía que no había falta”, insistió la alcaldesa. Se siente menospreciada. Batlle consiguió en unos días lo que ella no pudo en cuatro años.
Batlle fue director de los Mossos d’Esquadra en el gobierno de Artur Mas. En el equipo que ha montado en el Ayuntamiento ha recuperado a cargos que, como él, dependían del entonces consejero Ramon Espadaler, actual líder de Units per Avaçar.
Cumbre en Foment
Esta semana, tres miembros del gobierno municipal pertenecientes del grupo del PSC-Units per Avançar –Jaume Collboni, Montserrat Ballarín y el propio Batlle– asistieron a la junta directiva de la patronal Foment del Treball en la que se acordó hacer un frente común contra la inseguridad. Esta patronal está presidida por Josep Sánchez Llibre, un histórico de Unió, la antecesora de Units.
Sánchez-Lliure dio este martes un espaldarazo a Batlle al señalar que la patronal catalana “huye del alarmismo porque Barcelona es una ciudad segura, aunque con los problemas propios de una gran metrópoli”.
Foment propone diversas medidas: una reforma del Código Penal para endurecer las penas por reincidencia en los delitos de hurto; posibilitar que los juicios por hurtos se realicen en un plazo de 72 horas; crear juzgados especializados en seguridad ciudadana y coordinar las políticas en este campo. Estas medidas son compartidas por el teniente de alcalde de seguridad.
Curiosamente, Batlle ha encontrado un aliado en la patronal Foment precisamente cuando se está distanciando de las políticas de Colau del anterior mandato.
Roces con Batlle
Colau ha tenido roces con Batlle. Este lunes le reprochó que se refiriera a una “crisis de seguridad” en la ciudad, cuando en su opinión no hay ninguna crisis. A principios de agosto, otro de los pesos pesados de los comuns, la teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, afeó a Batlle que pretendiera acabar con el top manta solo con políticas de seguridad.
Sobre la actividad de los manteros, Colau sigue manteniendo que no es un problema policial sino social. Insiste en que se hicieron dispositivos contra la venta ambulante ilegal durante el anterior mandato. No obstante, el sindicato mayoritario de la Guardia Urbana, Sapol, denunció que desde el gobierno municipal se avisaba a los manteros antes de las redadas.
Los propios manteros han puesto en evidencia a la alcaldesa. La acusan de dar un “cambio radical” en el trato a la venta ambulante. Ahora se sienten perseguidos. En realidad, no ha sido ella la que ha cambiado el rumbo, sino sus socios de gobierno, a los que cedió la patata caliente de la seguridad ciudadana.
