El plan de Sánchez para peajes y autovías amenaza cientos de empleos
Desde los sindicatos advierten que peligran 150 empleos por el fin de la concesión en diciembre de la AP-7 y la AP-4
Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, presidente del Gobierno y ministro de Transportes. /EFE/J.P. Gandul
El Ministerio de Fomento anunció hace unos meses que las autopistas de peaje volverían a manos del Estado. El impacto y las consecuencias próximas de la medida del ministro José Luis Ábalos, ya comienzan a hacerse públicas. El sindicato USO ha denunciado este jueves que 150 empleos peligran por el fin de la concesión, el 31 de diciembre de este año, de las autopistas de peaje AP-7 entre Cambrils y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla y Cádiz, que gestiona Abertis a través de Aumar. Esto solo será el primer paso en la destrucción de empleo, ya que en 2021 finalizan más concesiones, que, además, podrían suponer un coste millonario adicional para el Estado, si así lo dictamina el Tribunal Supremo.
«No es una cuestión de peaje o no peaje, esos son asuntos de política en los que no nos compete opinar. Nosotros solo pedimos que los trabajadores no quedemos siempre como el eslabón más débil de todas las reestructuraciones de sectores, que esa reconversión de modelo se haga de forma ordenada», reclamó el responsable del sector de autopistas de USO, Jesús Atienza en declaraciones recogidas por Europa Press.
Tal y como adelantó Economía Digital, el empleo es el punto más caliente del fin de los peajes en las autopistas. El Gobierno calcula que en cada tramo necesita entre 40 y 50 trabajadores, lo que hace un máximo de 250 empleados. Aumar tiene actualmente unos 300, con los que se podrían salvar una parte importante tras el fin de la concesión en diciembre. Con casi total probabilidad, Abertis deberá presentar un expediente de regulación de empleo para los trabajadores de Aumar que no pasen a la empresa que se haga cargo del mantenimiento.
A pesar de que las empresas concesionarias se han comprometido a mantener el empleo de los trabajadores afectados, desde USO muestran su preocupación por el empleo de los 150 trabajadores que atienden a distancia y vigilan las casetas de cobro. «Para estos trabajadores no nos dan una salida y nosotros estamos peleando por la garantía de empleo para todos, pedimos una mediación con Abertis para recolocaciones en el grupo», indicó Atienza.
«Hay trabajadores que en cuatro meses pueden estar en el paro y no mueven ficha. Y la sangría será peor el próximo año», subrayó USO, tras recordar que en agosto de 2021 finalizan más concesiones, la AP-7 entre Salou y La Jonquera, la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, y también la autopista de Mataró, Mongat-Palafolls, gestionada por la Generalitat de Cataluña, a la que pide que igualmente se ponga «manos a la obra».
Fin de la gratuidad en las autovías
Una de las medidas en cuanto a carreteras más comentada en los últimos días es la posibilidad de que se ponga fin a la gratuidad de las autovías. El Gobierno quiere garantizar financieramente el mantenimiento de estas carreteras, por lo que el Ejecutivo en funciones está barajando la posibilidad de captar fondos mediante el cobro de un «pago simbólico» por el uso de las autovías.
Recuperar la titularidad de las autopistas que vencen, y eliminar los peajes, supondrá un incremento del gasto público, que Ábalos está tratando de compensar con la inclusión de un impuesto sobre las autovías, haciendo un guiño, además, a comunidades como Cataluña, que siempre ha denunciado que soportaba muchos más peajes que otras autonomías.
Fomento defiende que si finalmente la alternativa fuese el pago por uso, el usuario no va a pagar más que ahora por la utilización de vías de gran capacidad, ya que las autopistas cuya concesión finalice se van a liberar del actual peaje.
