Sánchez se sirve de las autovías para hostigar a los feudos de PP y Cs
Las comunidades más afectadas por el posible fin de la gratuidad serían Madrid y Andalucía y, además, la propuesta es un guiño para Cataluña o Valencia
El fin de la gratuidad en las autovías planteado por el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez supone un sacrificio para comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla y León, que concentran gran parte del peso en redes de autovías, en beneficio de otras como Cataluña y Comunidad Valenciana. En medio de los pactos para formar Gobierno y con las negociaciones sobre la financiación autonómica ya sobre la mesa, el Ejecutivo de Sánchez hace un guiño a aquellas regiones donde ve posibles socios, como Compromis y los nacionalistas catalanes, y penaliza a aquellas donde gobierna el bloque de las derechas.
A raíz de una información publicada este martes por el diario El País sobre un posible «pago simbólico» en las autovías gratuitas, los ministros de Fomento y de Hacienda en funciones, José Luis Ábalos y María Jesús Montero, han arrancado el debate sobre cómo financiar el mantenimiento y la conservación de las vías de alta capacidad, aunque han dejado claro que el proceso aún no se ha iniciado.
Históricamente, Cataluña ha sido la comunidad con más kilómetros de autopista de peaje en España, una situación criticada por las autoridades catalanas aludiendo a la discriminación que padecen frente a Madrid, que concentra un importante número de autovías gratuitas. El planteamiento del PSOE podría encuadrarse en una estrategia que pretende mermar los ánimos y las exigencias de la Generalitat, al igual que ocurriría con Valencia, donde gobierna uno de los socios preferentes para Sánchez: Compromís.
El debate sobre si es necesario pagar por el uso de las autovías, se ha abierto cuando las comunidades con mayor peso de autovías están gobernadas por formaciones de derechas, como ocurre en la Comunidad de Madrid, donde, si no se producen sorpresas, será investida este miércoles la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso. En ese grupo, y por primera vez en treinta años, también se encuentra Andalucía, comunidad históricamente ligada al socialismo o Castilla y León, con un gobierno en coalición entre PP y Ciudadanos.
El modelo que plantea el Ejecutivo de Sánchez debe consensuarse en el Congreso y con las comunidades autónomas y se completaría liberando de peajes a las autopistas en las que venzan las concesiones. La cantidad de peaje propuesta sería alrededor de una décima parte de lo que actualmente se paga de media en las autopistas y su recaudación se destinaría a reducir el peaje de las autopistas privadas. “El pago sería más uniforme en todo el territorio y no pasará como ahora que unos territorios soportan mucho peaje y otros prácticamente nada”, aseguran fuentes del Ministerio a El País.
El objetivo es aplacar el gasto de mantenimiento de estas carreteras. El año pasado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, abría la puerta al peaje en autovías gratuitas, que tienen un coste anual para el Estado de 11.000 millones de euros que parece sobrepasar los recursos públicos de los que dispone el Ejecutivo, con una red cada vez más amplia.
Las autopistas de peaje vuelven a manos del Estado
El Ministerio de Fomento anunció que las autopistas de peaje volverían a manos del Estado. Tal y como adelantó Economía Digital, los técnicos del ministerio que dirige José Luis Ábalos ya ultiman el pliego de condiciones para la licitación de las autopistas de Aumar (Abertis). El Ejecutivo ya ha reiterado que su intención es liberar los peajes de las autopistas cuya concesión termina entre este ejercicio y 2021. Concretamente, de los 2.759 kilómetros de autopistas de peaje que son titularidad de la Administración General de Estado, 1.533 kilómetros han dejado o dejarán de estar sujetos a contrato de aquí a 2021
El Gobierno ya suprimió el peaje de la AP-1 de Burgos-Armiñón, que venció en diciembre de 2018, tras concluir su contrato de explotación. .El próximo paso se espera el 31 de diciembre, cuando termina la concesión de Aumar. La empresa gestiona tres tramos de autopistas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, por lo que al finalizar el contrato, pasarán a manos del Estado. Lo que no está claro es si, al igual que con las autovías, el Gobierno se plantea también un «pago simbólico» en las autopistas que asegure el mantenimiento de las mismas.
El PP prepara su contra
La respuesta de los populares a las aspiraciones de Sánchez no se han hecho esperar y las primeras quejas llegan desde una de las comunidades que se vería más afectada con este cambio: Andalucía. La diputada popular por Cádiz, María José García Pelayo, ha asegurado que el PP se va a oponer de manera firme a este «afán recaudatorio» del PSOE, anunciando que ya han presentado iniciativas en relación a la liberación del peaje de la AP-4 en Cádiz.
«Mientras Pedro Sánchez debe 4.000 millones de euros a los andaluces y gaditanos, quiere que paguemos por usar nuestras carreteras», ha criticado, antes de calificar como «broma de mal gusto» y «nueva ocurrencia» de los socialistas esta noticia.
Transportistas y consumidores contra grandes concesionarias
Las posiciones, sin embargo, están divididas. Mientras los transportistas y los defensores del consumidor critican duramente la propuesta de acabar con las autovías gratis, las grandes concesionarias lo ven como «un beneficio» que tendría que haberse implementado antes porque genera desigualdades entre los territorios.
Del lado de las transportistas, el presidente de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), Ovidio de la Roza, expresó este martes su rechazo a la posibilidad de que se implanten peajes en las autovías, «porque no se puede cargar con más fiscalidad a este sector». Por su parte, las asociaciones de conductores RACE (Real Automóvil Club de España) y AEA (Automovilistas Europeos Asociados) también mostraron su disconformidad tras alegar que pagan cerca de 30.000 millones de euros anuales en impuestos y tasas y advierten que aumentaría el tráfico en las carreteras secundarias, con el consiguiente riesgo para la seguridad vial.
En la misma línea se ha mostrado la asociación de consumidores Facua, que ha calificado de «injusta» la posible imposición de peajes en la red de autovías españolas que ahora son gratuitas y cree que es «impropia de un gobierno de izquierdas». Su portavoz, Rubén Sánchez, ha asegurado que las autovías debe sufragarse a través los Presupuestos Generales del Estado con los impuestos de los ciudadanos y que la propuesta apuntada por el Ministerio de Fomento supondría un «copago» o «repago».
En contra de estos argumentos, el presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, Julián Núñez, ha calificado esta eventual medida de «beneficiosa» tanto para la economía española como para el conjunto de la sociedad. En su opinión, esta propuesta tendría que haberse implementado mucho antes ,ya que ha provocado «ineficiencias» y desigualdades entre territorios así como entre contribuyentes, y que prácticamente en toda Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad.
