El juez pide al Supremo investigar a Puigdemont y Rovira por terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, asegura que diversas infracciones de los independentistas encajarían en actos de terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo investigar por delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y a la dirigente de ERC, Marta Rovira, y otras díez personas en la causa del Tsunami Democràtic.
En una exposición razonada, el magistrado señala que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede practicar por estar aforados Puigdemont, como eurodiputado, y Rubén Wagensberg, diputado del Parlament de Cataluña.
Puigdemont, vértice alto del Tsunami Democràtic
El escrito del magistrado al Supremo señala que Puigdemont se situaría en el «vértice» más alto de la organización de Tsunami Democràtic y añade que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere “una posición de autoridad incuestionable”.
También explica que en este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, sino que, la gravedad de los hechos y su complejidad, permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea.
Altercado en el Aeropuerto del Prat
El magistrado analiza los actos violentos que se produjeron el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto del Prat y señala que se trató de una acción ilícita, en el sentido más amplio de la palabra puesto que no consta que hubiera convocatoria legal alguna para realizar una manifestación o reunión. En este sentido, recuerda que no resulta posible autorizar manifestaciones y concentraciones en una instalación crítica como es el aeropuerto barcelonés.
A juicio del magistrado, el altercado en el Aeropuerto del Prat tiene un encaje en el Código Penal por los daños materiales, las personas lesionadas, la integridad física de los presentes en la instalación aeroportuaria y la afectación al tráfico aéreo.