El Govern luchará contra las «deslocalizaciones fraudulentas» de los contribuyentes

Vida a la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Es lo que pretende el Govern de Artur Mas, que desea dotarla de contenido y tratar, a medio plazo, de que sea el gran embrión del estado catalán. Por el momento, sólo puede gestionar los tributos propios de la Generalitat, pero el Govern quiere que combata, en lo posible, el fraude fiscal.

Y para ello el Ejecutivo catalán ha impulsado un plan para prevenir y reducir el fraude fiscal en los próximos cuatro años. Es el resultado del acuerdo con Esquerra Republicana, que sirvió, entre otras medidas, para sacar adelante los presupuestos de 2015. Cuenta con 86 medidas con el objetivo de que aflore dinero oculto al fisco, y evitar, también, la morosidad en el pago de las deudas con la propia agencia.

Un buzón para denuncias anónimas

Una de las medidas es la creación de equipos de investigación patrimonial, con una especial incidencia en la lucha contra las «deslocalizaciones fraudulentas» de contribuyentes, en referencia a los ciudadanos que se trasladan físicamente, o cambian sus empresas de domicilio fiscal, en función de la legislación de otras comunidades autónomas.

Los casos han comenzado a producirse, aunque no se ha generalizado. La Comunidad de Aragón, sin embargo, exhibe de forma periódica, que acoge cada vez más, a empresarios catalanes. 

Para ello, el Govern incluye la creación de un buzón en el que los ciudadanos tendrán la posibilidad, de forma anónima, de las infracciones que otros ciudadanos cometan, siempre con la documentación necesaria.

La economía sumergida, el 20% del PIB en España

Se trata de un plan con el que Govern quiera mostrar su compromiso con la lucha contra el fraude, en un horizonte temporal de cuatro años, aunque hay unas elecciones de por medio. Mas-Colell ha organizado el proyecto en cuatro grandes ámbitos: la prevención del fraude; el control tributario; la implicación social en la prevención y nuevas medidas organizativas.

El conseller de Economia tiene claro que uno de los problemas de la economía española en su conjunto es el dinero oculto al fisco. La gran pretensión es «crear un entorno y un clima de cumplimiento fiscal», que lleve a los ciudadanos a renunciar a las actividades de la economía sumergida.

Las cifras hablan por si solas, justo cuando la política española está inmersa ahora en la polémica de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno en 2012. Según Mas-Colell, la economía en negro supone sobre un 20% del PIB, unos 200.000 millones de euros. Si emergieran unos 30.000, según el conseller, eso equivaldría a reducir hasta tres puntos del déficit.

Documentar todos los casos denunciados

Una de las ideas del conseller es la de encargar a un grupo de expertos el cálculo de la llamada «brecha fiscal», entre los recursos que podría recaudar la Generalitat, y los que se pagan por la economía sumergida, las actividades que no se declaran o se hacen de forma incorrecta o las deudas fiscales. Con ese mapa clarificado, la Generalitat comenzaría a aplicar su plan.

La cuestión del buzón online es espinosa. Incita a la vigilancia entre ciudadanos. Junto con Mas-Colell, ha presentado el plan el director del programa para la aplicación y el desarrollo de los tributos en Cataluña, Jordi Boixareu.

Lo que ha explicado es que las denuncias deberán ir acompañadas de abundante documentación: «Deberán aportar documentación, porque si lo que se hace es denunciar hechos sin pruebas no se investigará», ha afirmado. Una de las ideas es actuar en positivo, es decir, el «reconocimiento de las buenas prácticas» con distintivos a las empresas o contribuyentes que las cumplan.

El sector inmobiliario, el turístico o el juego, en el foco

Pero políticamente el objetivo del Govern de Artur Mas es diáfana. Quiere que la Agencia Tributaria asuma un mayor papel, y que los ciudadanos la vean y la reconozcan como una de las «estructuras de estado» imprescindibles para Cataluña. Para ello, la plantilla del organismo se ha ampliado con la incorporación de 114 personas. De ellas, 25 serán inspectores. El objetivo es pasar del actual cuerpo de 324 funcionarios a unos 600 en 2018.

Ahora bien, ¿dónde piensa atacar el Govern? ¿En qué ámbitos de la economía catalana? El foco se desea colocar en diferentes sectores: inmobiliario, turismo, juego, subastas, concesiones administrativas, vehículos, y la compra-venta de oro y joyas.

Y, como uno de los centros de esas investigaciones, estarán los pisos turísticos. Boixareu ha indicado que se pretende alcanzar un acuerdo con la Dirección General de Policía para identificar a los posibles turistas que se alojen en esos establecimientos, y que no pagan la tasa turística.