Montoro aborta el proyecto de la Hacienda catalana de Mas

El Estado se siente fuerte. Tiene una estructura que le permite invadir, en muchas ocasiones, la legislación de las comunidades autónomas. Y el Gobierno, que preside Mariano Rajoy y que lleva las riendas de ese Estado, no quiere permanecer con los brazos cruzados respecto a la gran estructura de Estado que, precisamente, quiere poner en pie el Govern que preside Artur Mas.

Hacienda, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro, no ha concedido la comisión de servicio, según fuentes internas, que habían solicitado hasta 25 subinspectores que querían sumarse al proyecto del Govern.

El Ejecutivo español lo dejó claro. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que se actuaría de inmediato para impedir que la Generalitat pusiera en marcha su plan soberanista, que incluye potenciar la Agència Tributària de Catalunya para que recaude y gestione todos los impuestos en la comunidad.

Aumento del 50% de la plantilla

El Ejecutivo catalán, tras ser uno de los requisitos de Esquerra Republicana para pactar los presupuestos de 2015, aumentará este año la plantilla de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en un 50%.

El propio Mas ha repetido en las últimas semanas que ha sido un error de los distintos gobiernos de la Generalitat el no haber mimado esa «estructura de Estado», que se considera esencial para el momento en el que Cataluña pudiera desconectarse de España. Y este año la convocatoria pasa por la contratación de 168 plazas de inspectores, técnicos y personal especializado.

De Letamendi a Fontanella

En el caso de los subinspectores, la idea era contratar a 25 profesionales que prestan sus servicios en la administración de Hacienda en Cataluña. Gráficamente se podría describir esa operación como un traslado de las oficinas de la plaza Letamendi de Barcelona a la calle Fontanella, donde se ubica la Agència Tributària de Catalunya.

Entre los incentivos estaba el de considerar a esos profesionales como funcionarios de nivel A24, cuando ahora estarían en el equivalente, para la administración catalana, de un A21. Eso podría suponer un salario de unos 600 euros adicionales al mes.

Impedimentos para una comisión de servicio

Pero, para ello, se debía solicitar una comisión de servicio, que Hacienda no ha autorizado. Es un primer obstáculo, y serio, a esa «estructura de Estado», por la cual el Govern de Mas está totalmente comprometido.

Sin embargo, el Ejecutivo catalán podría encontrar otras fórmulas. Esquerra le empuja a ello, y CiU también defiende esa operación, que se considera clave para el futuro de Cataluña.

Esos movimientos que pretende el Govern no son nuevos. El Departament d’Economia dispuso de abogados del Estado, en el último gobierno del tripartito, para negociar con mayores garantías el modelo de financiación autonómica. Posteriormente, esos altos funcionarios retomaron su carrera profesional en la administración central, o buscaron otros horizontes profesionales.