El Govern estudia los pros y los contras de anular la concesión de ATLL

El Govern de Artur Mas ha decidido finalmente mover ficha en la guerra del agua. La contundencia de la última resolución del Tribunal Supremo ha propiciado que los actuales responsables políticos del contrato se sienten a estudiar cuál es su siguiente movimiento, indican fuentes cercanas al Ejecutivo.

Quien más ha presionado para que se empiece a trazar la estrategia para anular la concesión actual ha sido el consejero de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, añaden los mismos interlocutores. El político de Girona no estuvo presente ni en el diseño de los pliegos de condiciones ni la mesa de contratación que licitó a favor de la sociedad liderada por Acciona.

Reveses judiciales

Tomó el testigo de Lluís Recoder, ahora en KPMG, pocas semanas después de la firma de la concesión y se alineó con la estrategia que marcó su antecesor en el cargo y defendió el responsable de Economía del Govern, Andreu Mas-Colell. Pero los reveses judiciales acumulados han dinamitado los argumentos de la defensa de la Generalitat.

El Ejecutivo es consciente de que esta vía está agotada. La concesión actual no es válida, pero hay varias alternativas que se analizan con mucho detalle para evitar que la ejecución del contrato hunda el déficit público catalán. La concesión de ATLL permitió a Mas borrar de un plumazo 995.506.100 euros de deuda pública en 2012. Debería consolidar la misma cantidad si se revierte la adjudicación, además de devolver 298.651.830 euros al consorcio liderado por Acciona, la aportación económica inicial.

Déficit público

La situación económica de Cataluña impide la primera opción que hay sobre la mesa: recuperar el control público de ATLL. Las arcas públicas están vacías y el déficit ya llega al 31,8% del PIB, por lo que la resolución del contrato vigente se debe hacer con suma pulcritud para evitar complicar aún más un escenario ya de por si sólo muy complejo.

El Supremo abrió la puerta a que la Generalitat mantuviera al actual gestor al frente de la compañía hasta que se preparara, convocara y resolviera un nuevo concurso público. Otra opción menos compleja burocráticamente sería adjudicar directamente al segundo ofertante, Aguas de Barcelona (Agbar). Este escenario implica que la compañía tenga listos los casi 300 millones que implica la licitación.

En 2012, fue de la mano del fondo australiano First State y el canadiense Caisse de Dépôt. Fuentes financieras indican que ahora estaría en disposición de aportar con recursos propios esta cantidad gracias al apoyo de su consorcio internacional, la multinacional francesa Suez Environnement.

Laboral

El capítulo laboral es el más sencillo para la Generalitat. La guerra del agua provocó que la plantilla actual casi se mantenga igual que antes de la licitación, con la dirección y los cargos intermedios ocupados en su mayor parte por personal de ATLL. Formalmente, la resolución del contrato sólo afectaría a la cúpula.

Las cartas están sobre la mesa. El Govern debe llegar ahora a un pacto.