El Gobierno se saltará la ley para controlar empresas

El Gobierno podrá entrar entrar en el capital de las empresas que hayan solicitado un rescate por la crisis del coronavirus sin necesidad de realizar una oferta pública de adquisición (opa). Así se recoge en el real decreto aprobado el pasado 3 de julio, en vigor desde este lunes, y que regula el fondo de rescate aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dotado con 10.000 millones de euros. 

De esta forma, según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno no tendrá que realizar una opa ni aunque la opa que presente sobre compañías con problemas de solvencia supere el 30% del capital de las mismas. 

Tendrá, además, un plazo de seis meses para decidir si finalmente intervendrá o no en una empresa. El fondo de rescate está ligado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, por lo que se prevé que el Gobierno podrá maniobrar con mayor libertad en la entrada al capital de empresas privadas. 

Estará destinado, además, a compañías consideradas estratégicas, y servirá para financiar de forma pública operaciones como compra de acciones, de deuda u otros instrumentos que se traduzcan en capital financiero. Según apunta Cinco Días, el Ejecutivo solo gastará 3.000 de los 10.000 millones de euros con los que cuenta el fondo. 

6 meses de plazo desde la solicitud

El control recaerá en el Consejo de Ministros, que tendrán que dar la aprobación para la concesión de las ayudas. A partir de ahí, tendrá un plazo de seis meses desde la emisión de la solicitud para activarlas. 

La SEPI llevará el registro de todas las operaciones con una contabilidad específica, y podrá contratar cuando lo considere y con cargo al fondo los servicios de apoyo externos que pueda necesitar. Además, la oficina será compensada por las funciones realizadas. 

Cualquier tranmisión patrimonial u operación societaria estarán exentas además de aranceles y pago a notarios o registradores. La entrada en el capital por parte del Estado se dejará lugar a la elección de consejeros en proporción y a la participación que adquiera el propio ente público. Todos los documentos, a su vez, serán confidenciales, lo que añade un elemento de opacidad a unas cuentas que finalmente tendrán participación pública.