El Gobierno se limpia las manos con el trato vip a los políticos presos
El ministerio de Interior subraya que la gestión penitenciaria en Cataluña es competencia de la Generalitat
El Gobierno de Pedro Sánchez se desentiende de las informaciones que trascendieron este sábado sobre el trato vip de los políticos catalanes presos.
Como respuesta a la exigencia del PP para que explique los privilegios de los políticos del 1-O en la cárcel de Lledoners, el Ejecutivo socialista recordó que no tiene competencias penitenciarias en Cataluña desde la década de 1980, cuando la Generalitat asumió la gestión de las prisiones de la comunidad.
Un testimonio del jefe de servicio de Lledoners confirmó el trato de privilegio del que gozan los presos catalanes en el centro penitenciario, con permiso para celebrar fiestas hasta tarde en la noche cuando ya los demás presos están en sus celdas, así como para organizar reuniones extensas otros políticos casi a diario.
En Lledoners se encuentran en prisión preventiva los líderes independentistas Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn y Jordi Cuixart.
Interior traslada a la Generalitat la responsabilidad del trato vip en Lledoners
El secretario nacional del PP, Teodoro García Egea, anunció este sábado que su formación exigirá la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explique el asunto.
Grande-Marlaska deberá explicar «si estos beneficios que ha concedido a los políticos presos son consecuencia de su pacto oculto con los independentistas», manifestó García-Egea. «No se puede estar bajo las condiciones de un señor que hoy es presidente del Gobierno gracias a los independentistas», agregó el número dos del PP.
«Primero dijo que les iba a indultar en caso de que fueran condenados, después les acercó a las cárceles de Cataluña y ahora conocemos que están disfrutando de unos beneficios penitenciarios que no son aplicables al resto», lamentó el secretario nacional de los populares.
Por su parte, el Ejecutivo no responde a la exigencia de una comparecencia en el Congreso y se limita a decir que la gestión de las cárceles catalanas le corresponde a la Generalitat desde 1983, gracias al decreto real que traspasó a la entidad la administración penitenciaria.
