El Gobierno se blinda ante demandas millonarias de Uber y Cabify
Abogacía respalda el decreto anti-Uber para tratar de esquivar las indemnizaciones millonarias con las que amenazan Uber y Cabify por el conflicto del taxi
Indemnizaciones millonarias. Esa ha sido una de las advertencias que le han hecho Uber y Cabify al Gobierno. Aseguran que en caso de limitar su actividad, tendrán que compensarles económicamente. Sin embargo, el Ejecutivo se ha apoyado en un informe de la Abogacía del Estado para defender la validez de su decreto ley sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC).
El abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento firma un informe en el que asume que la norma va a causar «perjuicios» a los propietarios de las licencias, pero considera que la «eventual discordancia» entre los cálculos del Gobierno y los que hagan las empresas «queda corregida» en el propio decreto, según publica El País.
La patronal Unauto ha explicado en alguna ocasión que el gobierno catalán pone en riesgo aproximadamente 1.050 millones de euros que debería abonar en concepto de indemnización a los propietarios de las licencias VTC.
Su cálculo tiene en consideración las 4.500 reclamaciones que pueden llegar a presentarse en el Ministerio de Fomento y los 233.000 euros que cada propietario podría reclamar por licencia.
Indemnización con tiempo
El real decreto que el Gobierno aprobó en septiembre intentó indemnizar con tiempo y no con dinero a los propietarios de VTC. Da un plazo de cuatro años para seguir operando en el interior de las ciudades. Pasado ese tiempo, sus coches no podrían realizar trayectos urbanos si así lo deciden las comunidades o ayuntamientos.
Así, la normativa traspasa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la competencia para regular la actividad de estas empresas. El sector de las VTC cree que varios artículos del decreto son inconstitucionales.
Sin embargo, la Abogacía del Estado argumenta que los titulares de las licencias no son sus dueños, por lo que la norma no afectaría al derecho de propiedad y que tampoco les está privando de su autorización sino que únicamente «delimita su alcance».
La Abogacía también respalda la «extraordinaria y urgente necesidad» que debe justificar todo decreto ley (frente a la tramitación como ley ordinaria, que requiere debate parlamentario) y da por bueno como motivo la «patente conflictividad social» que alega el Ejecutivo para actuar.
Huelga del taxi
El sector del taxi se encuentra de huelga indefinida tanto en Madrid como en Barcelona, exigiendo a las respectivas comunidades autónomas que regulen y limiten las licencias VTC y su rango de actuación.
La huelga indefinida coincide en Madrid con la celebración de Fitur, la feria de turismo de Ifema y una de las más importantes de la capital. En Barcelona, por su parte, amenazan con mantener los paros incluso con el Mobile World Congress, uno de los eventos más importantes de la ciudad.
Entre sus principales demandas está la de la precontratación. Uber y Cabify exigen que sea necesario pedir un VTC entre seis y 12 horas antes de que se realice el viaje, mientras que estas empresas amenazan con irse de las ciudades si se les imponen estas medidas.
