El Gobierno quiere incluir los barcos en el comercio de derechos de emisión de CO2
El Ejecutivo también se plantea revisar nuevo sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 para la aviación
Visitantes esperan en Vigo para subir a uno de los barcos que llega hasta las islas Cíes. EFE / Salvador Sas
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España tendrá un nuevo sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 en el que figurará por primera vez el sector marítimo y se revisará el de la aviación, al tiempo que en un futuro entrarán los proveedores energéticos de movilidad terrestre y de edificios.
Estas novedades figuran en un anteproyecto de ley visto este martes por el Consejo de Ministros, que debe aprobarlo en en una segunda lectura antes de su envío al Congreso de los Diputados.
La norma pretende incorporar a la legislación española algunas modificaciones del sistema de comercio de derechos de emisión instaurado por la UE en 2005.
«Fue, sin duda, uno de los elementos señeros en el inicio de las políticas climáticas para trasladar el coste de emitir gases de efecto invernadero en grandes plantas industriales, en grandes plantas energéticas», indicó Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la rueda posterior al Consejo de Ministros.
Una de las novedades es que incorporará ya este año las emisiones del transporte marítimo, al tiempo que añadirá una «revisión» de las de la aviación, según Ribera.
Además, el sistema introducirá algunos cambios frente a la premisa de la asignación gratuita de derechos de emisión para incentivar su reducción y posible venta de los sobrantes.
«Ajustes en frontera»
Así, se irán «acomodando» los volúmenes de entrega gratuita de derechos de emisión conforme se introducen «ajustes en frontera», según Ribera, esto es, «aquellos sectores industriales cuyos productos procedentes de terceros países quieran colocarse en el mercado europeo podrán hacerlo, pero deberán mostrar que la manera en la que son producidos no aplica una especie de ‘dumping’ ambiental con menos control con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero de lo que ocurre en Europa».
De esta forma, Ribera recalcó que se garantiza «un juego de equilibrio» en las exigencias ambientales.
Por último, el Gobierno pretende, aunque con «una previsión temporal todavía distante en el tiempo», como reconoció Ribera, que se suman al sistema los proveedores energéticos de movilidad terrestre o de los edificios, con el fin de que puedan incorporarse a partir de 2027 o 2028.
«Se activa una nueva etapa en este sistema de comercio de derechos de emisión más precisa, más detallada y que nos debe permitir conjugar eficacia en la reducción de emisiones con un compromiso social importante por parte de las instituciones europeas», concluyó Ribera.
