El gobierno de Torra se divide por las exigencias de Colau
Junts per Catalunya y ERC se abren a estudiar la subida de impuestos que pide Catalunya en Comú para aprobar los presupuestos, pero el Pdecat la rechaza
El entendimiento con Catalunya en Comú Podem sobre los presupuestos es el próximo desafío para la convivencia del matrimonio en crisis que desde hace muchos meses es el de Junts per Catalunya (JpC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Catalunya en Comú, que ahora mismo es la primera opción del gobierno de Quim Torra para poder tirar adelante las cuentas, aprovechó la coincidencia con el arranque de la huelga en la sanidad para poner sobre la mesa sus exigencias de cara a un eventual acuerdo presupuestario. Y la lista incluye, por un lado, un paquete de medidas en clave social que comportan más de 1.900 millones de gasto adicional y, por otro una reforma fiscal sobre la que las primeras reacciones ya evidenciaron que los primeros que tendrán que ponerse de acuerdo son los socios de la Generalitat.
Esa reforma es una de las tres patas sobre las que, en el plan de los comunes, descansaría una mayor financiación de la Generalitat
Esa reforma es una de las tres patas sobre las que, en el plan de Catalunya en Comú, descansa la financiación de la Generalitat que permitiría hacer frente al mayor gasto social que reclaman, junto con un programa para incrementar la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal y el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que según el gobierno de Pedro Sánchez, supondrían una inyección en Cataluña de 2.200 millones de euros.
Pero ese apoyo ahora mismo está descartado, tanto por parte de JpC como de ERC, del mismo modo que la lucha contra el fraude fiscal no es una petición conflictiva, a priori. Así las cosas, lo que está por ver es qué pasa con esa reforma del IRPF, que supondría incrementar la presión fiscal a las rentas superiores a los 90.000 euros anuales.
JpC y ERC, ambivalentes
En el pleno de la semana pasada, los dos partidos del govern ya votaron a favor de una reforma fiscal verde para fomentar la eficiencia energética y las medidas mediambientales, y también de impulsar medidas contra el fraude fiscal, aunque se opusieron a tener que presentar en seis meses un plan al respecto.
Las propuestas formaban parte de una moción presentada por el PSC que también abogaba por reformar el IRPF para que se convierta en «un impuesto más justo y progresivo, especialmente con las rentas más altas». Pero, en ese punto, tanto Esquerra como los puigdemontistas se abstuvieron.
Le petición de los comunes incluye subir impuestos para los tramos de ingresos superiores a 90.000 y 120.000 euros
Este lunes, tras la presentación de la lista de petición de los comunes, que incluye subir impuestos para los tramos de ingresos superiores a 90.000 y 120.000 euros, Esquerra abrió la puerta a estudiarlo. «Estamos dispuestos a hablar de todo», dijo la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta.
Esta vez, curiosamente, el choque de ERC no es con el conjunto de JpC, cuyo portavoz adjunto en el Parlament, Eduard Pujol, optaba por la prudencia al ser preguntado al respecto. «Tenemos una posición», dijo, aunque no quiso revelarla y remató que «hay margen» para la «flexibilidad».
Esta vez, quien más reticente se mostró a esa subida de impuestos fue el Pdecat —integrado en JpC—, pero que esta legislatura a menudo se ha mostrado más cercano a ERC que el resto de la coalición puigdemontista más entregado a esos maximalismos de los que ahora huyen los de Oriol Junqueras.
El Pdecat rechaza más presión fiscal
El encargado de echar agua al vino de la propuesta fue el presidente de los neoconvergentes, David Bonvehí, que en rueda de prensa insistió en su «total confianza» en el grupo parlamentario de JpC a la hora de negociar las cuentas pero quiso dejar las cosas claras, ante la ambivalencia mostrada por sus socios: «Nos gustaría que los comunes no cambiasen nuestro modelo fiscal para incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos».
De hecho, Bonvehí consideró no subir la presión fiscal como una «línea roja», tan inasumible como renunciar a la apuesta por la independencia. «Si el precio del presupuesto tiene que ser cambiar nuestro modelo social o renunciar a nuestro proyecto político de seguir avanzando hacia la república, creo que como PDeCAT tenemos que decir que no estamos de acuerdo», zanjó.
Solo cuando se le apuntó que los comunes dicen que esa reforma solo afectaría al 2% con rentas más altas, Bonvehí, que, como Pujol, se parapetó en el argumento de que aún no conocía la propuesta, titubeó. «Si solo afecta al 2% lo esudiaremos», concedió, pero advirtiendo que el Pdecat tiene que ser «coherente» con sus votaciones al respecto en el Congreso y que «el IRPF ya presiona bastante a Cataluña».
Mensaje a Aragonès
Claro que, antes de despachar sus diferencias sobre una eventual subida de impuestos para contentar a los comunes, neoconvergentes y republicanos tendrán que llegar a un entendimiento para presentar su primer borrador de cuentas, que aún no ha sido facilitado a ningún grupo.
Por si acaso, Bonvehí, que dijo celebrar que la conselleria de Economía, en manos del vicepresidente Pere Aragonès (ERC), «haya empezado a formular el presupuesto», envió un aviso a navegantes.
Para el presidente del Pdecat es importante que los presupuestos tengan una vertiente social, pero también que no se limiten a revertir recortes en algunas áreas, sino que sean expansivos en todos los departamentos del govern, para fomentar «políticas industriales y de crecimiento empresarial». Es decir, que no se centre solo en reforzar las partidas gestionadas por las consellerias en manos de ERC, sino que se riegue igualmente las áreas con consellers de JpC.