Quim Torra ya sabe el precio de Colau para los presupuestos

El gobierno de la Generalitat ya tiene encima de la mesa las condiciones que tendrá que cumplir si quiere que Catalunya en Comú respalde los presupuestos de 2019, un apoyo que el propio ejecutivo de Quim Torra considera imprescindible porque ni la CUP, ni el PSC, ni PP, ni Ciutadans no están por la labor de avalarlas. Pero satisfacer las exigencias del partido de Ada Colau sería para la Generalitat como cuadrar el círrculo.

Catalunya En Comú Podem ha presentado sus peticiones en forma de decálogo y el conjunto de demandas suman más de 1.900 millones de gasto. Para financiarlas, los de Colau plantean tres fuentes de ingresos.

Las dos primeras son una reforma fiscal que incremente las aportaciones del 2% de catalanes con rentas más altas y un paquete de medidas contra el fraude fiscal. Pero la madre del cordero es la tercera, la aprobación de los presupuestos generales del estado (PGE), porque los partidos soberanistas catalanes en el Congreso, Pdecat y ERC, ya han repetido por activa y por pasiva que piensan rechazarlos.

Unas cuentas para revertir los recortes

Los comunes plantean «unos presupuestos sociales» que reviertan los recortes de los últimos años y compensen a los ayuntamientos por los esfuerzos que han hecho para llegar allí donde tenía que llegar y no lo ha hecho la Generalitat. 

Así, insisten en que las pagas pendientes de los funcionarios correspondientes a 2013 y 2014, que suman 495 millones, se sufraguen en los dos próximos años, y piden destinar 42 millones a contratar personal sanitario para frenar el colapso en los Centros de Atención Primaria (CAP), 30 millones a incorporar 250 nuevos bomberos y 750 mossos d’esquadra y 45 más a que el personal docente recupere derechos laborales.

Se exige aprobar y extender a toda Cataluña la medida del 30% de vivienda social en las nuevas promociones

Exige, además, al conjunto de administraciones (Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos) un incremento de 450 millones los recursos para políticas de vivienda y, como ya pidió la líder de Catalunya en Comú y alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aprobar y extender a toda Cataluña la medida del 30% de vivienda social en las nuevas promociones, acordada por el ayuntamiento barcelonés y cuya aprobación defintiva el Govern ha bloqueado hasta ahora.

La lista también incluye destinar 240 millones a financiar el decreto de escuela inclusiva, recuperar las aportaciones a las guarderías públicas (45 millones) o doblar la inversió en políticas de infancia, inyectando a esa partida 118 millones más.

Los comunes piden igualmente congelar las tarifas del transporte público (40 millones); rebajar un 30% las tasas universitarias (50 millones), crear 3.500 nuevas plazas de residencias públicas (84 millones), o asegurar el acceso de todos aquellos solicitantes que cumplan los requisitos a la renta garantizada de ciudadanía (200 millones).

Más impuestos por encima de los 90.000 euros de ingresos

Las cuentas de Catalunya en Comú pasan por que se aprueben los PGE, porque, según el Gobierno, si lo hicieran, habría una inyección de 2.200 euros para Cataluña. Y los comunes prevén sufragar algo menos de un tercio de sus demandas con parte de esa cantidad.

Las otras dos fuentes de financiación serían, según la formación, un plan de lucha contra el fraude fiscal y una reforma que incrementara las aportaciones en concepto de IRPF del 2% de contribuyentes situados en los dos tramos más altos de ingresos: el de más de 90.000 euros y el de más de 120.000.

Torra dilata el inicio de las conversaciones

La presidenta del grupo de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, y su portavoz parlamentario, David Cid, presentaron este lunes la batería de exigencias y revelaron que el Govern todavía no ha empezado a negociar con ellos los presupuestos, pese a que el 8 de noviembre el vicepresidente económico, Pere Aragonès, anunció que la semana siguiente iniciaría una ronda de contactos con los grupos.

Los contactos, por el momento, no han pasado de «conversaciones en los pasillos», según Albiach. Cid aseguró que no solo todavía no han visto «ningún número», sino que ni siquiera hay fijada aún ninguna fecha para un primer encuentro, por lo que en los comunes se da por hecho que las cuentas no se podrán aprobar como mínimo hasta febrero.