El Gobierno da 30 millones a Cruz Roja para el traslado de inmigrantes a la Península

El Gobierno refuerza con 53 millones el sistema de acogida por la crisis en Canarias y da una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja tras confirmar los traslados de inmigrantes a la Península. 

El Consejo de Ministros dio este martes luz verde a una subvención de 30 millones para Cruz Roja por su gestión de diversos recursos de este sistema en el archipiélago y, entre otras cosas, sufragar los viajes a la Península de los inmigrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad.

Una cantidad muy criticada por algunos colectivos de las Islas que, en un principio, ya acusaron a Cruz Roja de sufragar el traslado de varios inmigrantes en situación irregular a la Península.

«Existe malestar porque el Gobierno anunció un plan que salvaría al turismo y seguimos esperando. No consideramos que haya que trasladar a estas personas porque puede provocar efecto llamada y, mucho menos, gastarse 30 millones en ello», señalan desde el gremio de hosteleros de las Islas. 

Lo cierto es que aunque el Gobierno negara cualquier traslado de migrantes en situación irregular inicialmente, ahora sí que explican a Economía Digital que Cruz Roja les sufraga el billete, pero «se trata de dinero del Estado para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad». 

El Gobierno negó por activa y por pasiva el traslado de los inmigrantes llegados a Canarias a diferentes comunidades autónomas hasta contemplar las numerosas imágenes grabadas en comunidades como Valencia o Andalucía, donde se detuvo la semana pasada a varias personas con papeles falsificados. 

El alcalde de Granada, Luis Salvador, denunció la llegada «de manera sorpresiva» de los 200 inmigrantes a la ciudad andaluza confirmando que nadie del Gobierno les avisó de dichos traslados. Ahora sabemos que esos viajes fueron pagados por el Estado para atender a estas personas en los centros de Cruz Roja de «acogida integral», según confirman desde el Ejecutivo. 

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó este martes que en la actualidad hay personas en España que, «por convenio deberían ser devueltas a sus países», pero, que ante el cierre de fronteras por la crisis sanitaria, se han incluido en el sistema de acogida del país.

¿Quién pagó los viajes? 

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones explican a ED que Cruz Roja se encarga de enviar a este departamento del Ministerio de Inclusión un listado de inmigrantes que necesitan ser trasladados a la Península para que la ONG les pueda atender debidamente en uno de sus centros de acogida integral.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, confirmó esta semana que han sido trasladados alrededor del 10-15% de inmigrantes irregulares llegados durante estos últimos meses a Canarias, siempre para los casos más vulnerables con el salvoconducto de Interior. 

José Javier Sánchez Espinosa, subdirector de inclusión social de la ONG, reconoció a Libertad Digital que solo Cruz Roja habría trasladado ya a más de 3.000 ilegales en lo que va de año, cuando el Gobierno no reconocía un solo traslado hace un mes. 

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que reconocer la existencia de estos permisos alegando que únicamente se conceden a «colectivos susceptibles de tener protección internacional».

Fuentes del Ministerio de Inclusión señalan que los viajes a la Península que se han realizado «no han sido sufragados por nadie, sino que se han podido hacer gracias al salvoconducto ofrecido por el Gobierno, al entender que están en condiciones de vulnerabilidad y en su mayoría deben ser atendidos». 

Las mismas fuentes señalan que Cruz Roja ayuda a cada inmigrante en el obligado trámite de solicitar a la Policía un salvoconducto para viajar y gestiona no solo su viaje sino la recogida en el aeropuerto de llegada en la Península y el acompañamiento hasta el centro de acogida concreto al que ha sido asignado.

Es decir: Cruz Roja paga el billete de barco o de avión de cada uno de estos inmigrantes porque gestiona el traslado, pero el dinero procede de fondos estatales. Concretamente, de las subvenciones establecidas por el Gobierno en el programa de ayudas a las organizaciones que ofrecen atención humanitaria a inmigrantes.

Es decir, una parte de los 30 millones asignados este martes por el Gobierno a la ONG irá destinada a sufragar estos vuelos de traslado de Canarias a la Península. Algo que el Gobierno negaba hace justo dos semanas. 

Malestar de los hosteleros 

El plan para ayudar a la hostelería y a los restaurantes sigue sin llegar por parte del Gobierno y es que las discrepancias en el seno del Gobierno están a punto de costar al sector de la hostelería 1,1 millones de empleos. Así lo recuerda la Hostelería de España, que presiona al Ejecutivo estos días con manifestaciones por todo el territorio nacional. 

El Ejecutivo ha dejado en el cajón el Plan de rescate a la hostelería y el turismo que anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, hace más de un mes. Tal y como publicó Economía Digital, las discrepancias se suceden entre varios ministerios: Economía, Hacienda, Turismo, Trabajo y Seguridad Social.

Mientras, la hostelería en España cerrará 2020 con una caída de su facturación del 50 %, lo que equivale a unos 67.000 millones de euros menos, a lo que se sumará el cierre de casi un tercio de los locales (entre 85.000 y 100.000) y la destrucción de una cuarta parte del empleo (unos 400.000 puestos de trabajo). 

Éstas son las previsiones que maneja la patronal del sector, cuyos responsables han considerado este martes que el Gobierno muestra una total «falta de empatía y respeto» al seguir sin aprobar ayudas directas pese al severo impacto de la pandemia y han acusado a las administraciones autonómicas de restringir su actividad de forma arbitraria.

«Somos como los que están enfermos y necesitan respiradores, y llevamos dos meses así», ha criticado por su parte el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en alusión a la falta de apoyos públicos por parte del Gobierno, al que reclama un «plan de rescate» dotado con 8.500 millones de euros a fondo perdido. 

Desde el sector no se crítica abiertamente la ayuda del Gobierno a Cruz Roja por 30 millones de euros. Sin embargo, solicitan subvenciones para poder subsistir y aseguran que «si seguimos así, no va a quedar ningún hotel ni restaurante abierto en toda España».