El Gobierno comparecerá en el Congreso por la defensa de Llarena en Bélgica
La ministra de Justicia solicita comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar cómo el Gobierno defenderá a Pablo Llarena en Bélgica
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados “para explicar las gestiones realizadas por el ministerio para defender ante un tribunal civil belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial”.
El Ministerio lo ha anunciado horas después de que el Partido Popular haya exigido la dimisión de Delgado o su cese por su “inacción” en la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que ha sido demandado en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros políticos catalanes fugados.
Concretamente, los portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Dolors Montserrat e Ignacio Cosidó, han anunciado además una interpelación a la ministra en la Cámara alta, donde tienen mayoría absoluta, sobre este asunto.
Su intención es presentar una moción para reprobar a la titular de Justicia si aún sigue en su puesto. Posteriormente se hará una propuesta similar en el Congreso de los Diputados.
La polémica por Llarena no termina
El Ejecutivo, por su parte, según dijo ayer lunes la ministra, está ultimando la contratación de un despacho de abogados belga para ejercer esa defensa. Llarena está citado por el juez el próximo 4 de septiembre, si bien no tiene por qué asistir y puede representarle su abogado, al tratarse de una demanda civil.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió al paso de la polémica que se había generado por el desamparo del Ejecutivo al juez del Tribunal Supremo para zanjar las dudas.
Sánchez aseguró que sí defenderían a Llarena y que esta cuestión (la denuncia de Puigdemont y el resto de líderes independentistas) «no es privada», sino «una cuestión de Estado».
Hasta el momento, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces — salvo Jueces para la Democracia — estaban molestos ante la posibilidad de que el Ejecutivo no defendiese a Llarena.
Ambas entidades afearon al Gobierno su decisión y forzaron una rectificación, hasta el punto de que Delgado aseguró que el Ejecutivo defendería a Llarena «hasta las últimas consecuencias».
