El Gobierno activa los mecanismos de defensa por la demanda contra Llarena
El Ejecutivo afirma que desde el principio dio una "respuesta positiva" a la demanda de Puigdemont contra el magistrado
El Gobierno contratará a un despacho de abogados de Bélgica para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada por Carles Puigdemont y otros líderes independentistas contra Pablo Llarena. El Ejecutivo pondrá en marcha «todos los mecanismos necesarios» para resolver el conflicto.
El Gobierno de Pedro Sánchez dijo en un comunicado que atiende todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ampara a Llarena ante el «ataque planificado» de Puigdemont. Además, indicó que atenderá las peticiones «de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española» que realice el Poder Judicial.
«El ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo«, lee el comunicado.
El Gobierno atiende las recomendaciones del CGPJ
El magistrado debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica ante la demanda civil presentada por Puigdemont, que alega que el juez no respetó su derecho a la presunción de inocencia. Llarena solicitó amparo al CGPJ, que resolvió trasladar al Gobierno su petición para adoptar «las medidas necesarias» para asegurar la integridad de la jurisdicción española.
El comunicado del Gobierno asegura que, «de manera inmediata», Justicia puso dicha petición en manos de la Abogacía del Estado para contratar los servicios de un despacho de abogados que represente al Reino de España ante los tribunales belgas.
«El Gobierno ha dado desde el principio una respuesta positiva y ha actuado con total diligencia en este asunto en los términos trasladados por el Poder Judicial y con arreglo a la legislación vigente», recalca la nota, en respuesta a las críticas recibidas por la pasividad con la que asumió el asunto.
El fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como varios partidos políticos y entidades, se pronunciaron sobre la situación, reclamando al Gobierno que asuma la defensa de Llarena después de que la vicepresidenta Carmen Calvo aseguró que el amparo legal y el apoyo al juez es competencia del Poder Judicial.
