El empresariado gana tiempo y se excluye del pacto por el derecho a decidir

El Govern de Artur Mas ha establecido un guión complicado y enrevesado con el objeto de que nadie pueda decir que no quiere agotar todas las vías posibles para convocar un referéndum. Pero la idea de llegar a grandes acuerdos, con plataformas políticas, junto a resoluciones parlamentarias, puede acabar confundiendo a la ciudadanía. Y el empresariado catalán, siempre cauto y receloso, no quiere cometer ningún error.

Por ello, Foment, la gran patronal catalana, que representa a todos los sectores económicos, ha encontrado una vía que puede ser determinante en los próximos meses. Los empresarios catalanes decidieron, en la Junta extraordinaria de este miércoles, autoexcluirse del llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, al entender que se trata de una “plataforma de accción política”.

En cambio, sí suscribieron un documento sobre el derecho a decidir que había elaborado el ex presidente del Parlament, Joan Rigol. De hecho, era el instrumento para que Foment, y también el PSC, se acercaran al acuerdo sobre el derecho a decidir. Pero los empresarios se han quedado con el texto, sin más. “No podíamos decir que no, porque respeta lo que se había pedido, y representa un salto importante, no es poca cosa”, asegura un miembro de la Junta.

Consulta con varias preguntas

¿Y que hizo Rigol? Dejar claro que el derecho a decidir se debe interpretar como la posibilidad de realizar una consulta, dentro de la legalidad, y que no implica una respuesta inducida, no debe conducir a una defensa de la independencia.
Con esas garantías fijadas en el texto, en el que Rigol se ha empleado a fondo, con varias reuniones con Gay de Montellà –recordando, tal vez, su etapa frustrada como conseller de Cultura cuando trató de buscar un pacto cultural que Jordi Pujol le acabó vetando– la patronal Foment se siente cómoda.

Y ello puede tener consecuencias, porque la patronal, –que se aferra a su «defensa del pacto fiscal», como se recoge en el documento que elaboró tras la Junta extraordinaria–, se acercaría a una consulta si ésta incorpora varias preguntas, y no, únicamente, sobre la independencia de Catalunya. Esa es la vía que está explorando Josep Antoni Duran Lleida, y que, en estos momentos, comienza a vislumbrarse.

20 minutos de reunión

De hecho, los miembros de la Junta de Foment llegaron a la reunión extraordinaria con los deberes hechos, y muy conscientes, –ahora sí– de lo que tienen entre manos. Duró apenas 20 minutos. El presidente Joaquim Gay de Montellà expuso el documento de Rigol y explicó que su propuesta era firmar el documento, pero no añadirse al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, formado por entidades, partidos políticos –salvo el PSC, el PP catalán y Ciutadans– y asociaciones de diferentes ámbitos. Eso se considera una “plataforma política” y Foment debe centrarse “como organización empresarial en los compromisos de representación hacia sus asociados”.

Sólo tomó la palabra, de los cerca de 50 asistentes –esa es la media en las Juntas ordinarias de Foment, por lo que no hubo una presencia masiva– el presidente de la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), Josep Maria Pujol Artigas, para incidir en un punto del documento de Joan Rigol en el que se destaca el “diálogo institucional” y la necesidad de aplicarse en esa dirección.

Esas palabras se trasladaron al comunicado final, en el que se reitera la voluntad de establecer “un diálogo con instituciones del Estado para encontrar las condiciones legales para el ejercicio del derecho a decidir”. Todo ello, sin perjuicio de la “defensa del pacto fiscal y del diálogo institucional”, como Foment repite periódicamente.

El documento sobre Escocia

No hubo más. No más intervenciones, no más disquisiciones. Gay de Montellà logró el objetivo: una voz única de Foment, tras los problemas iniciales, sin entrar en terrenos que se consideran estrictamente políticos, pero con un mensaje también nítido: si no hay legalidad, si no hay acuerdo, y si la consulta acaba en un sí o un no, el empresariado catalán no apoyará el llamado proceso catalán, según las fuentes consultadas de la Junta.

Todo ello después de que los asistentes a la Junta extraordinaria tuvieran toda la información. En sus mesas, los miembros de la dirección de Foment tenían el acuerdo de estabilidad entre CiU y ERC; el propio documento de Rigol; un dictamen jurídico sobre el derecho a decidir, elaborado por los servicios de la comisión jurídica de Foment, y la carta de José Manuel Durâo Barroso, el presidente de la Comisión Europea, enviada a la Cámara de los Lores del Reino Unido, en la que explica el caso de Escocia y las derivadas de su posible separación del conjunto del país. Y expone, en diciembre de 2012, que Escocia quedaría fuera de la Unión Europea y debería pedir su ingreso en las instituciones europeas.

Mas, sin foto

El President Artur Mas, por tanto, no podrá tener a Joaquim Gay de Montellà a su lado si convoca una nueva cumbre del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

Y en esa dirección camina también el PSC, que, durante el pleno de política general que se inició este miércoles, podría suscribir también el texto de Rigol, pero permanecerá fuera del acuerdo político. El PSC, como Foment, y Duran Lleida, están dibujando un camino paralelo. Y, por ahora, ganan tiempo.