El caso del 3% señala a Madí y Gordó
El escándalo de la operación Pika también alcanza al ex secretario de comunicación de Artur Mas, y al ex consejero de justicia convergente
La Operación Pika, que investiga la supuesta financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya, sigue revelando nuevas conexiones. La investigación precisa que el partido obtenía donaciones de importantes empresas, que se compensaban con el apaño de adjudicaciones de obras públicas.
Andreu Viloca, extesorero de CDC, era uno de los hombres que se reunían con los empresarios antes del proceso de licitación, y una vez cerrado el trato, contactaba con Josep Antoni Rossell, que fue director general de Infraestructuras de la Generalitat, para acordar los términos de las futuras adjudicaciones, según informa El Confidencial.
Pero sus redes no se limitaban al ámbito del gobierno catalán, también llegaban al municipio de Barcelona, donde Xavier Trias estaba al frente. Allí realizaba las gestiones con el ex teniente de alcalde Antoni Vives, quien también dirigía el ente Barcelona d’Infraestuctures Municipals (Bimsa).
Uno de estos proyectos que habrían sido amañados es el del túnel de la plaza de Glòries, en Barcelona. En la UTE que ganó la licitación se encuentra la constructora Benito Arnó, dirigida por Joan Albert Arqués, uno de los 18 empresarios detenidos esta semana.
Según El Confidencial, Arqués fue socio de David Madí, exsecretario de Comunicación y Estrategia de CiU en el fondo de inversión ICAT Desenvolupament SL. La sociedad duró un año, hasta que Madí –hombre de confianza de Artur Mas– le compró el resto de la sociedad y pasó a ser administrador único.
Madí reconoció la existencia de esa sociedad, pero aseguró que fue una alianza puntual para un proyecto «que no llegó a salir», y afirmó que tras su separación no ha vuelto a tener contacto con el empresario.
Otra figura involucrada es Germá Gordò, exconsejero de Justicia entre 2012 y 2016. Este político era gerente de CDC, y por ende, responsable de las acciones de Viloca. El Confidencial asegura que Gordò estaba al tanto de las donaciones ilegales y que incluso habría recogido personalmente el dinero en algunas reuniones.
Cómo se manipulaban los contratos públicos
Las adjudicaciones de obras públicas se amañaban con un sistema denominado 70-30: el 70% de la puntuación correspondía a aspectos técnicos –y por ende, más fáciles de tener valoraciones subjetivas-, y el 30% restante se remitía al presupuesto.
Si la estimación del valor económico no llegaba al puntaje ideal, la UTE rebajaba los precios que luego, al momento de realizar la obra, volvía a subir con modificaciones presupuestarias.
El caso del túnel de Glòries es un ejemplo: ya lleva 40 millones de sobrecostes por supuestos errores en la ejecución de la obra. La UTE ganadora, de Compsa, Copisa, Arnó y Rogasa, había obtenido 53,12 puntos sobre 57 en juego en el apartado técnico. Su presupuesto inicial fue de 49,6 millones, y salió ganadora pese a que otra UTE, integrada por Sacyr, Ferrovial, Scrinser y otras empresas presentó un proyecto que costaba 2,4 millones menos. Pero como obtuvo una menor valoración técnica, perdió el concurso.
