El acoso al juez Llarena llega al Congreso
El partido de Albert Rivera busca cerciorarse de que el Gobierno "defenderá a la justicia española en su conjunto"
La formación de Albert Rivera propondrá que el Congreso de los Diputados condene el «señalamiento y persecución» y el «acoso separatista» de los independentistas al magistrado Pablo Llarena, su familia y sus compañeros jueces y fiscales. Ciudadanos registró la proposición no de ley el 27 de agosto y la Cámara Baja la debatirá este martes.
El portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, firmó la demanda de Ciudadanos para que el hemiciclo reconozca y dé apoyo a los jueces y fiscales ante «el acoso» que llevan sufriendo en los últimos tiempos, especialmente en Cataluña. El partido exige, en este sentido, al Gobierno de Pedro Sánchez que «articule una clara y abierta defensa de la jurisdicción española» de forma inmediata.
Los principios de integridad e inmunidad jurisdiccional de la magistratura española merecen el espaldarazo del Ejecutivo, según sostiene el equipo de Rivera. Especialmente frente a la demanda civil presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y sus consejeros prófugos contra Llarena. El Gobierno, después de afirmar lo contrario, ahora garantiza su defensa a Llarena, pero Ciudadanos quiere cerciorarse.
El Congreso votará si apoyar a los jueces ante el «acoso separatista»
Defender a Llarena «es una obligación, no una opción como pretende el Gobierno», aseguró Rivera cuando el Ejecutivo cambió de posición al respecto. Por ello, esta iniciativa se someterá a votación, emplazando a la Moncloa a cumplir con las medidas que solicitó el Consejo General del Poder Judicial y a «defender a la justicia española en su conjunto a la soberanía del Estado español».
Rivera recordó las pintadas en el domicilio de Llarena y su salida con escolta de un restaurante cuando fue increpado por separatistas, con el objetivo de que el Congreso reconozca el «acoso y la presión totalmente inaceptables e incompatibles con el principio de independencia judicial reconocido constitucionalmente» que sufren los jueces y fiscales en Cataluña.
La iniciativa seguramente contará con el apoyo también del PP, pero queda por ver la respuesta del PSOE y sus socios de gobierno, Podemos, ERC y el Pdecat, que en su momento criticaron que era más «sensato» que el Ejecutivo no defendiera al instructor del 1-O por una demanda sobre declaraciones realizadas a «título personal».
