El abogado de Torra compara su caso con el de Cayetana vs Iglesias

La defensa de Quim Torra ha puesto en la misma balanza el caso de desobediencia del presidente catalán con las declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso de los Diputados cuando llamó «hijo de terrorista» a Pablo Iglesias. «Nos va a tocar también defender a la señora Álvarez de Toledo», ha afirmado este jueves el abogado Gonzalo Boye en la vista de la sentencia a Torra en el Tribunal Supremo.

A juicio de Boye, que también es uno de los abogados de Carles Puigdemont, no existe diferencia alguna entre que un presidente autonómico cuelgue pancartas con mensajes políticos en periodo electoral y que la (otrora) portavoz del PP haga declaraciones polémicas en sede parlamentaria. Ambos son «actos políticos», según el letrado, no actos administrativos, y por lo tanto son amparados por la libertad de expresión.

«Aunque [Álvarez de Toledo] no está condenada, resulta que hizo unas gravísimas, durísimas, feroces críticas, incluso excedidas, con respecto al padre del vicepresidente del Gobierno, acusándole de ser un miembro de una organización terrorista, y a la señora no le ha pasado nada. ¿Saben por qué no le ha pasado nada?», ha interpelado Boye a los magistrados que tomarán en breve una decisión sobre la inhabilitación de Torra.

Y ha añadido: «Porque se ha entendido que la inviolabilidad no solo le acompañaba cuando lo dijo en Cámara sino también cuando lo dijo en la calle frente a la televisión o en las redes sociales, porque ese es el criterio claro del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo respecto de la inviolabilidad de los parlamentarios». Lo mismo, según Boye, debería hacerse con el presidente de la Generalitat, pues son casos homologables.

«Creemos que los dos [Torra y Álvarez de Toledo], siendo representantes políticos, tienen que tener el mismo trato, y nos alegramos de que [Álvarez de Toledo] tenga esa capacidad para expresarse, que es la misma que tiene que tener mi defendido», ha explicado el abogado.

«Una sentencia que jamás se debió dictar»

Gonzalo Boye también ha cargado contra la Junta Electoral Central y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la forma en la que han manejado el caso de Torra, y ha pedido a los jueces del Supremo rectificar la injusticia que percibe ante el escenario de que la inhabilitación del president sea confirmada. La JEC acordó exigir a Torra retirar sus pancartas independentistas y el TSJC ratificó su decisión.

El letrado ha asegurado, como ya lo ha hecho en sendos recursos y escritos, que los jueces que decidieron sobre la desobediencia de Torra no eran «imparciales» ni tampoco lo eran los miembros de la JEC que actuaron en primera instancia. En este sentido, ha recordado que uno de los miembros de la JEC estaba a sueldo de Ciudadanos, el partido que presentó la querella por las pancartas y lazos amarillos de la Generalitat.

También ha criticado que muchos juristas, políticos y medios de comunicación han dado por hecho que el Supremo ya tenía una resolución sobre el caso de Torra antes de que se haya celebrado la vista de este jueves. Ha sugerido que es una falta de respeto a la justicia presumir decisiones que, en principio, aún no han sido ratificadas. «Creemos que estamos a tiempo» y «estamos convencidos de que actuarán conforme a derecho», dijo.

Boye ha defendido que la orden de la JEC de retirar pancartas y otros símbolos separatistas de los edificios públicos vulneró no solo los derechos fundamentales de Torra sino también de «los trabajadores de la Generalitat que tenían colgadas esas pancartas». Sobre la condena del TSJC que el TS revisará, el abogado ha asegurado que se trata de «una sentencia que jamás se debió dictar» porque colgar la pancarta es «un acto político».