Quim Torra acude al Supremo sin el apoyo de ERC para desobedecer

Llegó el día. Quim Torra acude este jueves al Tribunal Supremo a escribir sus penúltimas páginas como presidente de la Generalitat. Todos los gobernantes, los de Moncloa y los de la Generalitat, dan por hecho que la justicia confirmará en breve (en días o en muy pocas semanas) la inhabilitación de Torra para el ejercicio de cargo público, un trance que el interesado afronta sin poder esperar de sus socios de ERC mucho más que unas palabras de solidaridad.

El todavía presidente de la Generalitat querría la compañía de Esquerra para lanzarse por la pendiente de la desobediencia, pero los republicanos se niegan a cruzar esa línea. Conceden descalificaciones al Supremo, como las acordadas en el debate de política general de este miércoles en el Parlament para «deslegitimar» al alto tribunal, pero no piensan participar en una operación ilegal para encumbrar a Torra como presidente simbólico o algo semejante.

La dirección de ERC ha pedido en infinidad de ocasiones a Torra un acuerdo sobre la fecha de las próximas elecciones catalanas para dar salida a una legislatura agonizante. Pero el president se niega a hacerlo con el argumento de que eso sería tanto como naturalizar «la represión» de las instituciones del Estado. «Rendición o confrontación», es la última consigna que han comenzado a bramar dirigentes de Junts per Catalunya para jalear la resistencia.

ERC se centra en su cita con Iglesias

Solo Junts per Catalunya propugna, en realidad, esta lógica. ERC está en un terreno muy distinto. Ayer, mientras Torra protagonizaba, quizás, su última intervención en el Parlament de Cataluña fiel a la grandilocuencia que siempre distingue a los nacionalistas («serviré a mi país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto de mi presidencia»), ERC andaba en algo bastante más prosaico, en desbrozar con Pablo Iglesias el pacto de presupuestos en Madrid.

Los republicanos no tienen inconveniente en sumarse a la palabrería de Junts per Catalunya sobre «las cloacas del Estado», «la persecución del independentismo» y «la sed de venganza». Pero no piensan seguir la estrategia de Carles Puigdemont de romper las negociaciones con el Gobierno o de supeditar toda conversación con Madrid al reconocimiento de la autodeterminación de Cataluña.

La división estratégica del independentismo es irremediable, pero Junts per Catalunya y ERC llegaron a la conclusión de que todas las partes saldrían ganando con algún tipo de pronunciamiento conjunto en el Parlament. Ambos, en compañía de la CUP, acordaron una resolución parlamentaria dirigida al Supremo que proclama que «solo el Parlament puede retirar la confianza al presidente de la Generalitat». Hasta aquí.

No habrá palabra alguna sobre los pasos que hay que seguir una vez confirmada la inhabilitación de Torra, ni llamada de ningún tipo a desacatar resoluciones judiciales, ni a desbordar los ordenamientos en vigor. Es el acuerdo de mínimos que pudieron alcanzar los socios de un gobierno despedazado y con final incierto.

A por el récord de la presidencia en funciones

Los dirigentes de ERC consideran que no hay que someter a Cataluña a un puñado de meses de interinidad una vez caiga Torra, es decir a un gobierno en funciones (sin plena capacidad legislativa) que tome el relevo del gabinete herido de muerte.

Los dirigentes de Junts per Catalunya piensan exactamente lo contrario y argumentan que no hay problema con el gobierno en funciones; al fin y al cabo, recuerdan, Mariano Rajoy estuvo 314 días como presidente en funciones y Pedro Sánchez lo estuvo durante 254 jornadas.

El episodio de La Plaza de esta semana analiza el rumbo de Pedro Sánchez, sus alianzas y sus planes

A Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, le tocaría la mencionada presidencia en funciones. Pero ERC quiere sacudirse semejante regalo envenado porque teme las manioras de Puigdemont para forzar una reedición del chicken game —lean Cómo ganamos el proceso y perdimos la república— que ponga a prueba el coraje de los de Oriol Junqueras para plantar cara al Gobierno.

La primera entrega de Torra

A la salida de la vista en el Tribunal Supremo, Torra enseñará las primeras cartas de la estrategia acordada en Waterloo. Protagonizará una decalaración institucional desde la delegación de la Generalitat en Madrid cuyo contenido o, al menos, una parte es sencillo de intuir porque hay ideas que se repiten de lunes a domingo: «la persecución del independentismo», «la represión», etc.

Lo interesante será ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez digiere las bravatas de Torra. La vicepresidenta Carmen Calvo se apresuró a dar por amortizado al presidente saliente. «Si Torra es inhabilitado no se podrá sentar en ninguna mesa de diálogo, pero ésta existirá», prometió Calvo.