Edmundo Bal: “Anular la pena a Junqueras sería un disparate”

El gobierno de Pedro Sánchez cesó a Edmundo Bal como jefe del área penal de la Abogacía del Estado por negarse a firmar el escrito de acusación provisional del juicio del procés. Aceptó acusar a Oriol Junqueras y a los otros políticos independentistas por el delito de sedición en vez de rebelión, tal como le exigió la Abogada General del Estado, pero no estuvo de acuerdo en omitir el carácter violento de los sucesos que se produjeron en Cataluña el otoño de 2017.

Ahora, como portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal advierte a su sucesora en el área penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, del “disparate” que supondría aceptar la nulidad de la sentencia contra Junqueras a tenor de la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Edmundo Bal mantiene que la resolución del tribunal europeo no tiene ningún efecto sobre la situación de Junqueras más allá de que le podría permitir cobrar las nóminas de eurodiputado desde el día en el que se le impidió acudir a Bruselas hasta que el 14 de octubre pasado se dictó sentencia.

Si continuase al frente del área penal de la Abogacía del Estado, ¿qué alegaciones presentaría ahora ante el Tribunal Supremo respecto a la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras?

Haría un escrito plenamente jurídico para que, luego, los políticos me lo enmarañaran. Tendría que decidir si lo firmo o no en función del grado de mierda política que hubieran metido. Este es un tema que, en cuanto al derecho, es relativamente fácil.

Pero, ¿qué defendería en las alegaciones?

Lo mismo que la Fiscalía: la resolución del TJUE se refiere a una situación que ya ha pasado. ¿Puede producir sus efectos a favor de Junqueras?, pues, claro. Sobre todo de naturaleza económica: le podría permitir cobrar el salario [de eurodiputado] durante una serie de días, hasta que la sentencia condenatoria fue firme. A parte de esto, los efectos de la resolución [del TJUE sobre la sentencia del Tribunal Supremo] que ya es firme son cero, cero, cero. ¿Yo qué haría? Haría lo que ha hecho la Fiscalía de una manera correctísima. En la sentencia quedó en suspenso la pena de inhabilitación, pues declárese al tribunal que la inhabilitación ya es firme y ordénese a la letrada de administración de justicia que liquide la pena, que es lo que tiene que hacer: Señalar el número de días, cuando empieza y cuando termina. Un trámite de naturaleza puramente administrativa.

A consecuencia de la resolución del TJUE, ¿Junqueras solo puede reclamar su nómina de eurodiputado durante poco más de cuatro meses?

No me corresponde dar consejos a Junqueras, eso se lo debe plantear su abogado, Andreu van den Eynde. No seré yo quien le aconseje que vaya a reclamar a la puerta del parlamento europeo. No negamos que la resolución estima las pretensiones de Junqueras. No obstante, lo que dice Van den Eynde, de que esto determina la nulidad absoluta del procedimiento, es un disparate. Todos los juristas dicen que es un disparate. Imagínese que, por ejemplo, dentro de unos días, la Abogacía del Estado presentase un escrito diciendo esto. No hay por dónde cogerlo.

¿Qué consejo le daría ahora a Rosa María Seoane, su sucesora?

No será ella la que decida. Si a mí me dejaran presentar el escrito, diría lo normal: que la resolución del TJUE no supone la nulidad de la sentencia, ni la excarcelación de Junqueras y no tiene ningún efecto respecto el juicio del procés. Yo mañana mismo lo firmo. Por el contrario, si me dicen que presente un escrito que ponga que el TJUE anula la sentencia del Supremo, pues, ante esta vergüenza, esta barbaridad jurídica, no lo firmaría. De ninguna manera. Quién lo quisiera firmar habría comprometido su fama y su nombre para el resto de su vida.

¿Discrepa de las actuaciones que ha realizado hasta ahora Seoane?

Sobre alguna cosa puntual que he visto durante el juicio, creo que mi sucesora en el cargo lo ha hecho francamente mal. Tampoco tenía experiencia en lo penal y el primer juicio que le ponen es el más gordo de la historia. No es achacable a ella. El momento nuclear es cuando uno presenta el escrito de acusación. Albergaba alguna esperanza de que modificara las conclusiones provisionales para que, en las definitivas, cambiara la redacción y dijera que, efectivamente, sucedieron episodios de violencia clara. Eso el Tribunal Supremo lo admitió como hecho probado. Tanto en el cerco de la Consejería de Economía como en los sucesos del 1 de octubre. Yo hice un escrito de sedición con violencia que es prácticamente calcado a lo que, finalmente, el Tribunal Supremo decidió.

En su escrito optó por la sedición con violencia, ¿por qué no por el delito de rebelión?

Hay diversas sentencias del Supremo, una muy conocida del 1980, que es la que cita la magistrada Carmen Lamela en el procesamiento de [el exmayor de los Mosos d’Esquadra] Trapero: decía que puede haber sedición con violencia si esta no alcanzaba el grado suficiente para constituir delito de rebelión. Yo era partidario de la rebelión, pero cuando me dicen ‘vamos a hacer un escrito de sedición’, digo, pues vamos a hacer un escrito de sedición en donde el relato, que es lo más importante, eran hechos violentos. Yo argumentaba que estos hechos violentos no llegaban al umbral para constituir delito de rebelión. Por eso, cuando leí la sentencia del Supremo, dije, a ver, ¡si este es mi escrito!

¿Quién le dice que ponga sedición en el escrito?

La Abogada General del Estado [Consuelo Castro].  Y a ella, a su vez, alguien del Gobierno. Y yo cumplo por jerarquía.

¿Usted es la prueba de las presiones del gobierno?

Lo viví en mis carnes. La Abogada General del Estado es un cargo de asignación política.

¿Hay más casos?

Después de consultarlo con compañeros más veteranos que yo, que llevaba 25 años en la Abogacía del Estado, me decían que no había casos tan claros. Siempre nos dejaron el criterio técnico en nuestro ámbito de decisión, no nos obligaban. Siempre ha sido normal que un compañero, en un momento determinado, dijera que no quería firmar un escrito y no pasaba nada: lo firmaba otro o el propio Abogado General del Estado.

En su caso, ¿la orden fue directa?

Las órdenes siempre son directas porque son cara a cara. I sobre mi cese no lo tengo muy claro, ni tampoco me importa mucho, de quién fue la iniciativa, si de la Abogada General del Estado, la ministra de Justicia o la vicepresidenta del Gobierno. No lo sé. Me da igual. El caso es que me sientan en una mesa y me dicen ‘estás cesado por no haber firmado el escrito’. Eso me pasó a mí.

¿Y qué pasará ahora con Carles Puigdemont y Toni Comín?

Esta es la cuestión. Independientemente de que en otros países de Europa puedan entenderlo de una manera distinta, me parece claro que si aparece por España hay que detenerlo. Entonces habrá que pedir el suplicatorio y, mientras, estará en prisión. Lo que dice la resolución del TJUE es que hay que posibilitar la libertad de que pueda acudir a Bruselas a cumplimentar los requisitos administrativos para la adquisición del carácter de diputado. Pero, a nivel nacional, se puede decidir sobre si procede su prisión provisional. El riesgo de fuga no hace falta ilustrarlo. Está fugado. En manos del juez Pablo Llarena, sería auto de prisión, petición del suplicatorio, un trámite que puede durar un año, periodo en el que estaría en la cárcel.

El más beneficiado por la sentencia será Puigdemont…

Bueno, se publicó que tramita los requisitos para ser europarlamentario, pero creo que no va a poder volver  España. Hemos presentado una proposición de ley en el Congreso [este viernes] que no le permitiría volverse a presentar en ninguna de las elecciones que se presenta en España.

¿Qué posibilidades cree que tiene de aprobarse esta proposición para quwe los prófugos no puedan ser candidatos electorales?

Depende de la voluntad política de los grupos parlamentarios. No vamos a contar con los votos de Bildu, ni de Junts per Catalunya, ni ERC, ni del PNV, pero ya veremos que dicen los otros grupos. Hay margen para que salgan las cuentas.

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