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Yolanda Díaz y Bildu exigen a Sánchez entrar también en Repsol, Iberdrola, Endesa «y otras tantas»
El reclamo de ambas formaciones llega después de que el Gobierno haya ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra de hasta un 10% de las acciones de Telefónica
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. EFE/Luis Tejido
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Sumar y EH Bildu no solo se han mostrado a favor de la decisión tomada por el Gobierno, que ha ordenado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la compra de hasta un 10% de las acciones de Telefónica, sino que le han emplazado a dar un paso más allá. Así lo han expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el diputado de EH Bildu Oskar Matute en el Congreso de los Diputados en varias publicaciones en la red social X.
«Emprendemos un nuevo camino que nunca debimos abandonar cuando en los 90 se privatizaron nuestras grandes empresas», ha arrancado la ministra de Trabajo para después mostrarse partidaria de que el Estado esté presente en las empresas estratégicas del país. «Dijimos que era necesario», ha remarcado para acabar zanjando: «Hoy es una realidad».
Por su parte, el diputado de la formación vasca ha instado a continuar en esta senda. «Ya que han arrancado no debieran pararse», ha apostillado, a la vez que ha emplazado al Gobierno a seguir con estas operaciones en otras empresas del Ibex-35. «Podrían hacer algo parecido en Repsol, Endesa, Iberdrola y otras tantas…», ha enfatizado.
El Gobierno defiende la entrada en el accionariado de Telefónica
El Ejecutivo ha anunciado la entrada en el accionariado de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, a través de la SEPI, tras el Consejo de Ministros que ha tenido lugar este martes. Con la adquisición de hasta un 10% de los títulos de la compañía del sector de las telecomunicaciones, el Estado se posicionaría como el accionista mayoritario dentro de la compañía.
Según ha notificado la SEPI a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa pública se encargará de materializar «los trámites y actuaciones que permitan poner en marcha el proceso para, minimizando su impacto en la cotización, completar la adquisición del volumen de acciones necesario».
En el caso de que el Estado se llegue a hacer con el 10% de la empresa española, 26 años después de su salida, su participación equivaldría a 2.050 millones de euros, dado que su capitalización asciende en la actualidad a 20.500 millones de euros.
En declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha defendido la decisión del Gobierno y ha asegurado que el objetivo de la operación es dar estabilidad a la compañía para que pueda conseguir los objetivos estratégicos marcados, pero también a los planes que la empresa española tiene previsto impulsar en España.
«Sin duda, es la empresa más estratégica de nuestro país, no solo por su presencia en el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones y en el ámbito de la innovación tecnológica, sino también por su peso en el ámbito de la seguridad y la defensa», ha destacado la también ministra de Economía, Comercio y Empresa.
A su parecer, la operación sigue la «línea» de las acometidas por otros países europeos como Francia y Alemania, los cuales, según ha explicado, han incrementado su participación pública en las empresas del sector de las telecomunicaciones con un carácter estratégico.
