El juez del 3% vuelve a pedir la imputación de Gordó

La mancha del 3% vuelve a salpicar a Germà Gordó. El juez que investiga el caso del 3% ha vuelto a pedir al Tribunal de Justicia Superior de Cataluña (TSJC) la imputación del exconsejero de justicia y actual diputado de Junts pel sí en el parlament. El magistrado titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, ha remitido esta solicitud al alto tribunal catalán porque Gordó cuenta con la condición de aforado al ocupar un escaño en la cámara catalana.

El TSJC ya rechazó el pasado mes de febrero la imputación. En esa ocasión, se declinó abrir una investigación al no ver indicios claros de su relación con el presunto pago comisiones a CDC que se investiga en el caso del 3%. Las razones se basaban en que las adjudicaciones investigadas en las que Gordó tendría responsabilidad no se correspondían en el tiempo con los donativos aportados por las empresas a las fundaciones afines a Convergència. Concretamente fueron tres magistrados, Jesús María Barrientos, Enric Anglada y Carlos Ramos, los que emitieron un auto en el que afirmaban que «no había lugar» a la apertura de un procedimiento penal contra el ex alto miembro del Ejecutivo catalán.

Imputación Gordó: la fiscalía Anticorrupción siempre le ha situado como «conseguidor» en la presunta trama

Una providencia que nunca ha compartido la fiscalía Anticorrupción, que le ha situado siempre como «conseguidor». Las acusaciones apuntan a que Gordó mantuvo reuniones con empresarios que están siendo investigados por pagar supuestamente comisiones a Convergència a cambio de adjudicaciones públicas. Estos encuentros habrían tenido lugar entre 2011 y 2012.

Las investigaciones detallan que estas citas se producieron en su despacho del Palau de la plaza de Sant Jaume con los representantes de la UTE (Unión Temporal de Empresas), a la que fue asignada la reconstrucción del Instituto Lluis de Peguera de Manresa. 

Los correos electrónicos tumban la defensa de Gordó

A pesar de que Germà Gordó siempre ha negado estas reuniones, existen correos electrónicos que ponen en entredicho su versión. A propósito, a principios de febrero se revelaron comunicaciones internas de las empresas beneficiadas que esclarecían el papel del diputado de Junts pel sí. Según las informaciones interceptadas, Josep Manuel Bassols, delegado de una de las mercantiles recibió un mensaje de la secretaria de presidencia de la empresa, en la que le comunicaba que Sergio Lerma, el presidente, se iba a reunir con Jordi Soler -ambos detenidos poco después por la operación Pika– y con el propio Gordó. Esta reunión estaba fijada para el 4 de septiembre de 2012 en Barcelona.