Los 18 nombres propios de la operación Pika y sus conexiones
Los responsables de las instituciones y empresas registradas por la Guardia Civil niegan que se les haya detenido
La Guardia Civil ha practicado este jueves más de una veintena de registros en oficinas y domicilios particulares en el marco de la operación Pika, que forma parte de las investigaciones del caso del 3% sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència. En todos los registros estaban presentes los máximos responsables de las empresas, aunque fuentes de su entorno aseguran que no han sido detenidos y que quedaron en libertad sin cargos. Colaboradores de algunos de los afectados tan sólo reconocen que fueron «retenidos».
Estos son los principales protagonistas de la operación Pika:
Sixte Cambra. Presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona desde 2011, coincidiendo con la llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Son amigos íntimos. Con sus respectivas esposas, suelen compartir cenas y excursiones marinas. Ha sido senador de CiU. Los agentes investigan dos obras del Puerto de Barcelona: la ampliación de una terminal y el dique este.
La fiscalía ha pedido diversas penas de cárcel para directivos de las constructoras que intervinieron en estos trabajos. En un comunicado, el Puerto de Barcelona señala que Cambra «está colaborando con las diligencias judiciales y está facilitando toda la documentación requerida».
Constantí Serrallonga. Los agentes han registrado el domicilio particular del actual director de la Fira de Barcelona, aunque no ha sido en relación con este cargo, sino por su anterior responsabilidad como gerente del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato del convergente Xavier Trias. Buscaban documentación.
José Miarnau. El consejero delegado de Comsa Corporación estaba presente en el registro de las oficinas de la constructora en la calle Viriato de Barcelona. No obstante, fuentes de esta empresa precisan que los agentes se han presentado en la oficina por ser la sede de la unión temporal de empresas (UTE) que se encarga de las obras de ampliación del Puerto de Barcelona. Estas fuentes aseguran que no se ha realizado ninguna detención.
Antoni Vives. Abandonó el primer plano de la política en septiembre de 2015, precisamente cuando afloraron las sospechas de corrupción sobre su gestión en el área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Hasta entonces era concejal convergente de Barcelona y uno de los más firmes candidatos para substituir a Trias como candidato a la alcaldía por su partido. También está estrechamente ligado a Mas.
Fue su mano derecha cuando Mas ocupó la consejería de economía en los gobiernos de Jordi Pujol. Recientemente, la fiscalía anticorrupción acusó a Vives por la contratación irregular de militantes convergentes a través de la empresa municipal Barcelona Regional. Su abogado, Rafael Entrena, relacionó su detención con el juicio del 9N, que empezará este lunes. Entrena es el actual compañero sentimental de Joana Ortega, una de las procesadas.
Francesc Sánchez. Un hombre de la máxima confianza de Mas. Fue responsable de régimen interno de Convergència y, en la actualidad, coordina su liquidación. También se encargó de la organización del congreso fundacional del actual PDECat.
Ángel Sánchez y Ernest Santolaria. Director y director técnico, respectivamente, de Barcelona de Infraestructuras Municipales SA (Bimsa). Los agentes registraron las oficinas de esta empresa del Ayuntamiento de Barcelona situadas en la calle Bolivia. En relación a Bimsa, la principal obra investigada es la construcción del túnel subterráneo por la plaza de les Glòries. La licitación se adjudicó a una UTE por un importe de 170 millones de euros. La sede de esta unión de empresas, en la calle Valencia, también ha sido registrada. Otro proyecto bajo sospecha es la reforma de la avenida del Paralelo.
Andreu Viloca. El ex tesorero de Convergència volvió a ser detenido. En noviembre de 2015, durante la primera fase de los operativos por el caso del 3%, ya fue detenido y pasó veinte días en prisión preventiva. Su partido pagó 250.000 euros de fianza para conseguir la libertad provisional.
