El ‘cupo catalán’ del pacto PSOE-Junts: 50.000 millones de impuestos y fin de la igualdad constitucional

El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez firmado entre el PSOE y Junts recoge una de las viejas reclamaciones del independentismo de derechas: el establecimiento de un concierto económico en Cataluña como el que tiene el País Vasco y Navarra. Esta es la propuesta que llevará el partido de Carles Puigdemont a la Mesa establecida con el Gobierno, siempre bajo la supervisión de un mediador internacional. La propuesta de los secesionistas es una «cláusula de excepción» que facilite «la cesión del 100% de todos los impuestos que se pagan en Cataluña».

Según cálculos recabados por ECONOMÍA DIGITAL del Instituto Estadístico Catalán (Idescat) y el Ministerio de Hacienda, Cataluña aspira con ello a romper la caja común y asumir la recaudación de 50.000 millones de euros en Impuestos estatales, además de los que ya gestiona. Son 49.435 millones repartidos en IRPF, IVA, Sociedades e Impuestos Especiales, además de otra decena de figuras, aunque las primeras son las más importantes.

La cesión del PSOE ante Junts

Estas figuras no incluyen aquellos tributos cedidos a la Generalitat, como Patrimonio, Sucesiones y Donaciones o tasas propias, en las que la Generalitat ya se ha encargado de elevar sus tipos entre los más elevados de las comunidades autónomas. Con la excepción del IRPF (donde las regiones gestionan una capacidad normativa sobre el 50% del impuesto), Cataluña lograría de golpe la recaudación de estas figuras y, sobre todo, la aplicación de sus propios tipos o bonificaciones.

En cambio, el PSOE se compromete solo en el documento a aplicar un diálogo singular sobre el actual modelo de financiación de Cataluña. Sea como sea, esa consideración de «singularidad«, que en el caso de Junts elevan a «excepcionalidad«, puede tener visos de inconstitucionalidad, tal y como han advertido ya las asociaciones de los Inspectores de Hacienda, que ayer mismo comunicaron que «se vislumbra de una manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la materia financiera». No fueron los únicos.

La Constitución establece la igualdad entre los españoles, y solo mantiene una incómoda excepción para País Vasco y Navarra, en su disposición adicional primera, la condición de bilateralidad y foralidad para estas comunidades. Pero aplicar un sistema parecido en Cataluña supondría cambiar la Constitución para incluir una disposición parecida. Desde el Gobierno catalán han indicado que están «dispuestos» a mantener una cota de «solidaridad» con el resto de España.

Solidaridad vs. Igualdad

Pero se hace necesario recordar que lo que establece un sistema democrático y un sistema de derechos es la igualdad entre sus ciudadanos, y no la solidaridad, la caridad u otras acciones voluntarias ante la pobreza. Los Estados democráticos no suelen permitir principios diferentes al de la igualdad entre su ciudadanía. En España, el caso del País Vasco y Navarra es una rara avis pero, lejos de solucionarlo, los acuerdos asumidos por el PSOE con el independentismo catalán parecen dirigidos a extenderlo a otros territorios.

Más allá de las concepciones constitucionales, España difícilmente podría mantenerse económicamente sin la ‘solidaridad’ de Cataluña ni la del País Vasco o Navarra, que ya no existen prácticamente (quizás desaparezcan totalmente en los próximos días, puesto que Pedro Sánchez debe pactar todavía la investidura con el PNV).

Pero el modelo actual está dirigido a un objetivo: que es que, cada vez más, el grueso de la solidaridad interterritorial esté sustentado por la Comunidad de Madrid. Mientras se levanta el control y gestión de los impuestos en Cataluña, se aplican tributos estatales (como el impuesto a las grandes fortunas), cuyo objetivo fundamental es erradicar la competitividad fiscal de la región que lidera Isabel Díaz Ayuso mediante su política de impuestos bajos.