Cuixart reniega ahora de su declaración ante Llarena
El presidente de Òmnium dice que su prioridad había sido "salir de la cárcel", pero que ahora su objetivo es la "recuperación de las libertades"
Un punto de inflexión. Es lo que marcó el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, cuando, durante el por momentos tenso interrogatorio al que le sometió este martes el fiscal Jaime Moreno, renegó del conjunto de declaraciones que hizo ante el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, efectuadas bajo el efecto de «un impacto emocional muy grande» y vinculadas, dijo, a la que entonces era su prioridad absoluta, “salir de la cárcel a cualquier precio”. Ahora, ya no es esa, insistió, sino, incluso más que la absolución, “la resolución del conflicto político entre Cataluña y España” y “la recuperación de derechos políticos y libertades en el conjunto del Estado Español”.
A ese nuevo interés primordial de cariz ideológico consagró su intervención Cuixart, que se negó a someterse a las preguntas de la abogacía del estado y a la acusación particular ejercida por Vox, y que siempre que pudo derivó sus respuestas a Moreno al terreno del alegato político, en mayor medida incluso de lo que lo han hecho la mayoría de acusados, con excepción de Oriol Junqueras y Raül Romeva.
No en vano dijo, dirigiéndose al tribunal, que, metiéndoles en la cárcel, tanto a él como al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, les habían convertido, contra su voluntad, en algo que no eran antes: en unos “referentes de la sociedad catalana más allá del independentismo”. Porque en Cataluña, “el sentimiento de autogobierno” también va más allá del soberanismo.
Pacifismo «en el ADN»
Cuixart defendió su pacifismo innato e innegociable, y también el del conjunto de la ciudadanía catalana. “Lo llevamos en el ADN”, arguyó. El presidente de Òmnium esgrimió el principio de la no violencia y el de la desobediencia civil y se aferró a ellos para refutar las tesis de la fiscalía y negar que hubiera habido riesgo alguno de que la protesta del 20 de septiembre de 2017 durante el registro de la sede de la vicepresidencia y el departamento de Economía de la Generalitat derivara en incidentes violentos.
De hecho, la única parte de su declaración durante la instrucción de la que no renegó fue la referida al carácter no violento del movimiento independentista. “La única violencia del 1-O es la que ejercieron la policía nacional y la guardia civil”, remachó.
Como ya había hecho Sánchez, Cuixart atribuyó a una decisión personal la renuncia de la comitiva judicial que efectuó el registro del 20-S a salir por la puerta principal, e insistió en que podrían haber usado sin problema el pasillo habilitado entre la multitud de manifestantes por los propios voluntarios de la ANC y Òmnium para que se pudiera entrar y salir del edificio. En palabras de Cuixart, el panorama ante la sede de Economía era «aparatoso», pero nunca fue tenso ni peligroso.
El presidente de Òmnium defendió que, junto con Sánchez, formalizaron la convocatoria de la protesta cuando esta ya estaba en marcha para tratar de «canalizarla», que nunca hubo elementos de violencia que aconsejaran disolverla antes de lo previsto y que si subieron a un vehículo policial cuando llegó el momento de desconvocar fue para hacerse oir mejor. Que se refiera entonces a su impovisada tribuna, de forma irónica, como a un «altar majestuoso» respondía solo, aclaró, al hecho de que desde ahí podía ver a todo el mundo.
Tuits y longanizas
El fiscal le preguntó a Cuixart por varios tuits emitidos aquel día, como uno en el que llamaba a concentrarse ya a primera hora de la mañana con el mensaje: “El estado asalta las instituciones propias y llegará hasta donde le dejemos. Vivir en democracia está en nuestras manos”.
El acusado negó que con ello estuviera llamando a impedir o dificultar el registro. Insistió en que se trataba solo de protestar, y en que se refería a su convicción “de que los poderes de estado escuchan a la ciudadanía cuando se manifiesta”, una ironía a la que también recurrió cuando, tras haber insistido en considerarse un preso político, afirmó estar convencido de que no se le juzga por sus ideas, “sino por hechos”.
En el que tal vez fue el momento más chocante de la sesion, Moreno insistió en preguntar por una partida de 500.000 euros destinados a «longanizas», partida recogida en un correo electrónico de Cuixart y que formaba parte del presupuesto de la campaña Crida per la Democracia, que el fiscal asoció a un plan para impulsar un «aumento de la conflictividad».
El medio millón era para una botifarrada el 12 de octubre, zanjó Cuixart. Que, como no, también ahí aprovechó deslizarse hacia el alegato político, criticar el Día de la Hispanidad y retrotraerse hasta el genocidio que supuso el descubrimiento de América.
