Cs inicia la precampaña catalana destapando la presunta corrupción de Borràs
Carlos Carrizosa llevará a la Fiscalía documentos que según el candidato de Ciudadanos a la Generalitat prueban contratos irregulares de Laura Borràs
A falta de menos de tres meses para las elecciones catalanas del 14-F, la precampaña coge fuerza.
Dos días después de haber sido elegida candidata de Junts per Catalunya (JxCat) a la Generalitat, Laura Borràs se ha convertido en el blanco de Ciudadanos, que dice tener pruebas de la presunta corrupción de la dirigente independentista imputada por el Tribunal Supremo por supuestas adjudicaciones a un amigo.
Carlos Carrizosa, candidato de la formación naranja, ha anunciado este martes que llevará a la Fiscalía documentos que ha obtenido a través de la Generalitat que a su juicio pueden convertirse en más pruebas de los presuntos contratos irregulares suscritos por Borràs durante su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).
«Llevaremos a la Fiscalía esta información porque va a ser relevante para demostrar que estos dedazos ocurrieron de verdad y que además ella era plenamente consciente de lo que estaba haciendo», ha asegurado Carrizosa en una rueda de prensa.
Los documentos son emails cruzados entre Borràs y el responsable del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, en los que la ahora candidata de JxCat habría intentado convencer a ese organismo de eludir el debido proceso de contratación en favor de su amigo, ha explicado Carrizosa.
Aportaremos a la Fiscalía nuevas evidencias sobre el «afer Borràs»:
No solo no contrató con el CTTI, eludiendo el procedimiento de contratación, sino que habría maniobrado para que se hiciera la vista gorda, incurriendo así en sobrecostes escandalosos en favor de su «amigo». pic.twitter.com/WGbFkM4U6v
— Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) December 1, 2020
Borras presionó para «eludir» controles, según Cs
Laura Borràs y su amigo informático Isaías Herrero están imputados en una causa del Supremo por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación y falsedad. El alto tribunal investiga la presunta fragmentación de contratos de la ILC para que la entonces directora se los pudiera adjudicar a su persona de confianza.
En el caso concreto que ha denunciado Ciudadanos, Carrizosa cree que los mensajes desvelados por la formación demuestran que Borràs trataba de «eludir» el control del CTTI, que con su presupuesto de más de 500 millones de euros tramita todos los trabajo de diseño de webs de la administración catalana.
Los documentos muestra una presunta conversación entre Borràs y el director del CTTI en los que la independentista presionaba al organismo de la Generalitat para que se le abonara una factura a su amigo pese a que el contrato no había sido validado por el señalado centro informático.
Asimismo, Carrizosa ha señalado que los documentos acreditan un supuesto sobrecoste por los servicios de Herrero, pues cuando los contratos se empezaron a hacer en 2017 el precio que el CTTI ponía a los mismos era hasta diez veces inferior a los «20.000 euros» que cobraba el amigo de Borràs.
El futuro de la causa de Laura Borràs
Laura Borràs fue citada ante el Supremo el pasado julio pero no respondió a ninguna pregunta sobre la veintena de contratos irregulares por los que se le investiga. Desde entonces, el alto tribunal ha estado haciendo diligencias y avanzando en el caso, pero los tiempos de la causa no están claros y es probable que el juicio oral no se celebre antes del 14-F.
De lo que haga el Supremo antes de los comicios catalanes depende si la causa de Borràs permanece en sus manos o salta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La candidata de JxCat es todavía diputada del Congreso, pero si antes de las elecciones el Supremo no pone fecha al juicio oral (así sea para celebrarlo tras las votaciones) la competencia pasará al tribunal catalán.
Fuentes jurídicas han trasladado a distintos medios de comunicación que es poco probable que el magistrado Eduardo de Porres dicte la apertura del juicio oral antes de que Borràs deje su escaño en el Congreso (y, por tanto, su aforamiento), lo que apunta a que, si la candidata llega al Parlament, será el TSJC el que decida sobre su causa.