Sánchez tramita su polémica ley educativa en pleno estado de alarma

El Gobierno sigue adelante con la tramitación de la LOMLOE pese al coronavirus, más conocida como Ley Celaá, la polémica reforma educativa que tiene a la escuela concertada y la Iglesia Católica en pie de guerra y que pretende sustituir la ley educativa de la LOMCE, aprobada por el ex-ministro del PP José Ignacio Wert. 

El Ejecutivo ha suspendido todos los planes administrativos y procesales, pero ha dejado que sigan funcionando los parlamentarios. El plazo para presentar enmiendas a la ley se terminó el pasado 24 de abril, en pleno confinamiento por el coronavirus. Pese a que el PP y Cs habían pedido expresamente que tras las circunstancias excepcionales se produjera una prórroga, el PSOE se negó, aunque ambos grupos llegaron para presentar enmiedas a la totalidad. 

La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha explicado en La Razón que es «inconcebible que la situación en la que estamos, en una emergencia educativa grave creada por el Covid-19, el Gobierno aproveche que estamos todos confinados y que no se puede debatir en condiciones para imponer una ley absolutamente sectaria e impertinente en estos momento». 

La oposición considera que una nueva ley educativa debe remitirse a los pactos de reconstrucción para la solución de la emergencia educativa, aque es lo que toca en estos momentos. Este martes se discute si se amplía el plazo para la presentación de enmiendas parciales, que acaba a las 14:00 horas del miércoles y el deseo es que salga adelante, así como la propia paralización de la ley mientras dure la emergencia. 

Sin consenso

La escuela concertada clama contra el texto que prepara el Ejecutivo de PSOE y Podemos, puesto que se siente especialmente amenazada por la norma y también está dispuesta a hacerle frente. La plataforma Concertados, que agrupa a las principales asociaciones y sindicatos de la concertada, acusaron en un comunicado al Gobierno de «déficit democrático inadmisible».

“La prisa del Gobierno parece obedecer, no sólo a su deseo de que la ley pueda ponerse en práctica ya el curso que viene, sino a su posible intención de introducir enmiendas sólo consensuadas por los socios de gobierno y que limitarán la libertad de enseñanza», recoge el texto. 

“Va a ser difícil continuar con las vías del diálogo y colaboración ante lo que entendemos un ejercicio de autoritarismo sin precedentes porque ni es el momento ni son las formas de proceder para aprobar una nueva ley de educación», advierten las asociaciones de la escuela concertada. 

La plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, critica la ley del gobierno que a la práctica significa la eliminación de los centro de educación especial. La asociación integrada por personas con discapacidad y sus familias y docentes acusan al gobierno de aprobar la ley ante «no poder manifestarse». 

Otras aristas de la Ley

La ley tiene varios aspectos polémicos. Unao de ellos son los suspensos en bachillerato, ya que permitirá que se pueda otorgar el bachillerato con una asignatura suspendida. El Gobierno justifica esta medida como un «gran favor» a muchos estudiantes, aunque algunos lo consideran un castigo al rendimiento académico al rechazar la cultura del esfuerzo. 

La asignatura de Religión también vuelve a ser objeto de polémica. La nueva ley dejará sin alternativa la asignatura de la confesión religiosa que elijan sus padres. Dicho de otro modo, si el alumno no cursa la materia confesional, no tendrá otra espejo, que ahora son «valores». Además tampoco contará para hacer media ni subir nota, aunque la Conferencia Episcopal ya ha anunciado que plantará batalla, puesto que vulnera el Concordato con la Santa Sede. 

La ley también deja en el aire cualquier intento de garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en aquellas comunidades bilingües. El proyecto deja a merced de la Generalitat cuántas asignaturas se impartirán en catalán y cuantas en español, mientras que la ley actual prevé que las consejerías de educación de zonas con idioma cooficial un padre pueda llevar gratis a un centro privado a su hijo si no hay oferta pública en español.