La Fiscalía pide que se archive la causa del 8-M contra el Gobierno
El Ministerio Público cree que carecía de competencias en materia sanitaria y que culparlo de sus decisiones resultaría "prácticamente inverosímil"
La Fiscalía de Madrid se pone de parte del Gobierno y ha solicitado el archivo de la causa donde se investiga la manifestación del 8-M en la capital española, una semana antes de la pandemia de decretarse el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.
El Fiscal ha tomado partida y ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción 51 contra el auto de incoación de diligencias para investigar al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, tras varios informes de la Guardia Civil que lo señalan.
El Ministerio Público se interesa por la revocación del auto y del archivo de la causa al considerar que no existen indicios de delito. Sobre el delito de prevaricación, el Fiscal considera que debe concretarse «en primer lugar» cuál es el hecho, y recuerda que el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar».
La Fiscalía pide el archivo a partir de informes y recomendaciones publicadas antes del 8-M: «Pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil«.
Ni obligado, ni legitimado
El organismo, que es la primera vez que toma la palabra en esta causa, también recuerda que Franco no estaba obligado ni legitimado –al no tener competencias en materia sanitaria ni de salud pública– para tomar unas decisiones distintas a las que finalmente accedió la Delegación del Gobierno en aquel contexto.
El Ministerio Público en Madrid ha tomado esta postura tras la reunión con la Fiscalía General del Estado –que preside la exministra de Justicia de Pedro Sánchez, Dolores Delgado— con el objetivo de unificar criterios sobre los frentes judiciales abiertos por el 8-M.
Franco está citado a declarar el miércoles 10 por un delito de prevaricación administrativa, pero la Fiscalía objeta que no se dan las circunstancias para acusarle de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.
