El fin de la restricción al despido apunta a un alud de EREs en julio
El próximo 30 de junio finaliza la prohibición de los despidos por causas económicas, coincidiendo con la posible derogación laboral del Gobierno
El Gobierno pactó ayer con EH Bildu la derogación íntegra y urgente de la reforma laboral, que más tarde se anulaba para centrarse únicamente en derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, así como las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo. Esta negociación política coincide con el levantamiento de las restricciones al despido que finalizan el próximo 30 de junio, según el Real Decreto-ley 18/2020 del 12 de mayo. En esa fecha también finaliza la protección de los contratos temporales.
El primer acuerdo entre el Gobierno y el partido independentista vasco podría suponer todo un vuelco a las relaciones laborales, haciendo mucho más restrictivo el despido, lo que devolvería la situación de la indemnización por despido a la situación de 2012 —más caro al actual—. Algo que sería importante teniendo en cuenta que fuentes del sector apuntan a que se esperan gran cantidad de despidos de cara a julio. Talmac Bel, socio director de Laboral de Fieldfisher Jausas, lo augura de esta manera, según sus declaraciones al diario Expansión.
El Consejo de los Colegios de Gestores Administrativos ha adelantado también que en un futuro inmediato cerrarán 240.000 pymes, lo que también dejará a muchas personas sin trabajo. Recordar que el Ejecutivo impuso el 27 de marzo una prohibición de los despidos en las empresas que generó un profundo malestar entre los empresarios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo expresó tajantemente: «No se podrá usar el Covid-19 para despedir». De esta manera se prohibían temporalmente los despidos por motivos económicos, organizativos o de causa mayor.
Más indemnizaciones con la derogación de la reforma laboral
Más tarde, se alargaron los ERTE hasta el 30 de junio por un acuerdo entre patronal y sindicatos. La prohibición actual implica que están vetados todos los despidos procedentes. En caso de despedir, la indemnización para el trabajador se eleva de 20 días de salario por año de trabajo hasta una cuantía máxima de un año de retribución del despido procedente. En este caso, seria de hasta 33 días de salario por año trabajado con una cuantía máxima de retribución equivalente a dos años para el improcedente.
Y si se trata de trabajadores con antigüedad anterior a la reforma laboral de 2012, entonces, en algunos casos la indemnización por despido improcedente puede aumentar hasta los 45 días de salario por año de trabajo, con una cuantía máxima equivalente a tres años y medio. De hecho, esta última indemnización sería la que estaría vigente en el despido improcedente si prospera el acuerdo del PSOE y Bildu del miércoles.
Las patronales CEOE y Cepyme rechazaron el Decreto de 27 de marzo, sobre el que dijeron: «Rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado cuando un gran número de empresas están luchando para evitar el cierre en un contexto de recesión mundial».
