Los consumidores reclaman limitar el precio del alquiler y sancionar a quien incumpla la Ley de Vivienda

La Federación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha trasladado varias peticiones a la nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. Entre sus demandas figura destinar un mayor número de viviendas vacías al alquiler público, pero también impulsar un régimen sancionador para garantizar que se cumple la Ley de Vivienda o limitar la subida de los precios del alquiler.

A lo largo de un comunicado, la organización ha enfatizado la «urgencia» de desarrollar una política de vivienda «valiente» bajo el propósito de echar el freno a la escalada de los precios del mercado inmobiliario, que comportan el empobrecimiento de los inquilinos, pero también parar la especulación y garantizar el acceso universal a la vivienda.

Topar el precio del alquiler

Para ello, han hecho hincapié en la importancia de limitar los precios del alquiler, sin que haya cambios materiales en la vivienda que justifiquen la subida de precio, así como prohibir la subida de alquileres de las viviendas que hayan sido rehabilitadas con dinero público.

La federación también ha emplazado a la nueva titular de Vivienda y Agenda Urbana a ejecutar durante esta legislatura un incremento del 20% del parque público de vivienda para alquiler asequible. En este sentido, ha visto necesario priorizar la movilización del parque de vivienda vacía y el de propiedad de la Sareb.

A ojos de CECU la aplicación de una moratoria en la construcción de nueva vivienda para acabar con las viviendas vacías es otro de los puntos que Rodríguez habría de tener en cuenta, así como la prohibición de los desahucios sin solución habitacional y los cortes en suministros como la electricidad o el agua.

En este sentido, ha considerado que las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) habrían de poner a disposición gran parte de su cartera de viviendas para alquiler social, o bien, por debajo del precio de mercado del alquiler. Asimismo, ha emplazado a eliminar los beneficios fiscales a los propietarios de viviendas, a excepción de la vivienda habitual.

Desarrollar un régimen sancionador

Otro de los asuntos en los que la organización ha puesto el foco es en el desarrollo de un régimen sancionador ligado a la ley el derecho a la vivienda y modificarla con el objetivo de recortar el número de viviendas en la consideración de gran tenedor.

También ha planteado incentivar el alquiler de viviendas a menos de quince minutos en transporte público del lugar de trabajo, ejecutar una distribución equitativa de espacios verdes cercanos a la vivienda para salvaguardar el derecho a la naturaleza y desarrollar una política de rehabilitación energética.

«Estas políticas deben ir acompañadas de una transformación en la concepción social de la vivienda, en la que se deje de plantear esta como una forma de beneficio económico y se conciba como un medio que fomente el sustento y el desarrollo de la vida y el bienestar de la población», ha remarcado el responsable de Vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez.