La Comunidad de Madrid denuncia como una ‘burla’ la publicación de la ‘infame ley’ que favorece a etarras
Se trata, en concreto, de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea
El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García. COMUNIDAD DE MADRID
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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha criticado la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la «infame ley» que convalida penas de cárcel a presos de ETA que hayan cumplido condena fuera de España y que entrará en vigor dentro de 20 días.
«Hoy tenemos publicada en el BOE una infame ley que supone un desprecio a las víctimas del terrorismo y una nueva burla a todos los españoles. Votos manchados de sangre», ha lanzado García Martín en sus redes sociales.
Se trata, en concreto, de la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECIS).
Esta norma fue inicialmente aprobada por unanimidad en el Congreso y sólo en su última fase parlamentaria en el Senado, tras una denuncia de la AVT quejándose de que la convalidación de penas también afectaba a presos de ETA, perdió el apoyo de PP y Vox y fue rechazada por el Pleno de la Cámara Alta el pasado lunes.
El Senado, con la mayoría absoluta del PP y un informe de la Secretaría General, interpretó que ese rechazo por mayoría absoluta en la ultima votación debía interpretarse como un veto, pese a que ningún grupo había presentado previamente la correspondiente enmienda de totalidad.
Al día siguiente, y tras un informe verbal de los letrados, la Mesa del Congreso, con la mayoría que forman PSOE y Sumar, decidió dar por aprobada esa ley y enviarla al Gobierno, ignorando la reclamación del Senado y subrayando que la Cámara Alta se había saltado todos los plazos para vetar la norma.
