Competencia noquea a la Generalitat por su decreto anti-Uber
La ACCO vuelve a rechazar el decreto de la Generalitat que amenaza a parte del sector de la VTC y a las plataformas de movilidad como Uber y Cabify
Nuevo tirón de orejas de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) a la Generalitat por su decreto anti-Uber. El organismo de competencia ha vuelto a insistir este jueves por el decreto aprobado por el Govern que obliga a precontratar el servicio de un vehículo de alquiler con conductor (VTC) con 15 minutos de antelación no sea convalidado por el Parlamento catalán al verlo discriminatorio.
Este organismo, dependiente de la propia Generalitat, considera que el decreto aprobado por el Govern, que ya está en vigor. No obstante, su advertencia es un ultimátum, ya que aún debe ser convalidado por el Parlament.
El decreto, insisten, “obstaculiza gravemente el funcionamiento de los mecanismos competitivos”, al establecer un tiempo mínimo de precontratación para esa modalidad de transporte.
El informe de la Autoridad Catalana de la Competencia, cuyo presidente nombra el Gobierno catalán, recuerda que la regulación de la actividad de los VTC, que operan a través de plataformas como Uber o Cabify, “siempre ha contenido obstáculos a la competencia no suficientemente justificados”, lo que ha impedido una competencia efectiva.
La Generalitat, según la ACCO, introduce «ineficiencias que perjudican directamente a los usuarios del servicio»
La precontratación con 15 minutos de antelación, la prohibición de tener activa la geolocalización o de aparcar en la vía pública suponen, a juicio de la ACCO, “la introducción artificial de ineficiencias que perjudican directamente a los usuarios del servicio y generan externalidades negativas para la sociedad en general”.
“Estas medidas, en especial el establecimiento de un tiempo mínimo de precontratación, no están amparadas en razón de ningún interés general u objetivo legítimo, perjudican a los usuarios y tienen como único objetivo la limitación de la competencia”, sentencia la ACCO.
“El decreto del Govern profundiza en la dualidad regulatoria existente, prohibiendo injustificadamente los avances tecnológicos en este mercado, en perjuicio de consumidores y usuarios”, considera dicho organismo. Por todo ello recomienda suprimir un artículo del decreto que asegura que los entes locales “pueden crear sus propios registros de vehículos y servicios”.
¿En qué punto está el conflicto? El decreto del Govern entró en vigor el pasado viernes 1 de febrero, pero debe ser convalidado por el Parlamento catalán en el plazo de un mes; del otro lado, el sector de las VTC, anuncia despidos inminentes, a la vez que piensan cómo salvar a parte de sus trabajadores. Y las plataformas de movilidad, concretamente Uber y Cabify, han dejado de prestar servicio en la capital catalana.
Y la CNMC atiza a Ábalos
Si la ACCO en Cataluña ha desmontado el decreto del conseller de Teritori, Damià Calvet, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, homólogo de la ACCO a nivel nacional, hizo lo propio con el decreto del ministro socialista José Luis Ábalos, que abrió la puerta a que las comunidades autónomas, como Cataluña, regularan las VTC.
La CNMC salió al paso para señalar los peligros de regular las autorizaciones VTC — las que utilizan los vehículos de estas plataformas — bajo el marco normativo que estableció el Gobierno el pasado mes de septiembre.
De acuerdo al documento del organismo regulador [consultar aquí], fechado el 17 de enero, un día antes de que el taxi se proclamara en huelga indefinida en Barcelona, “estas restricciones no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad”.
