El clan de los Pujol, a juicio por «organización criminal»
El juez José de la Mata considera que la familia aprovechó su posición en Cataluña para acumular su patrimonio a partir de actividades ilegales
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en un acto de campaña de Convergència i Unió / CiU
La familia Pujol-Ferrussola se sentará en el banquillo por «organización criminal». Así lo ha propuesto el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que señala al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol como cabecilla de este clan delictivo por enriquecerse durante décadas con «actividades corruptas».
Según ha defendido el magistrado, los Pujol se se aprovecharon de su «posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana» para acumular un «patrimonio desmesurado» relacionado con unos rendimientos económicos procedentes de actividades ilegales.
El magistrado ha comunicado el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento y ha acabado con la instrucción de la pieza principal del caso. A partir de ahora, los personados pueden presentar sus peticiones concretas de condena contra los 27 investigados. También, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y Podemos, que ejerce la acusación popular.
Múltiples delitos
De la Mata ha considerado que los hechos investigados contra la familia del expresidente de la Generalitat serían constitutivos de delitos de «organización criminal» o «asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental».
La resolución del magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha explicado que Jordi Pujol, su mujer Marta Ferrussola y sus siete hijos, así como 18 personas estarían involucradas en las actividades ilegales imputadas a la familia. Entre ellos, la exmujer de Jordi Pujol Ferrussola, Mercè Gironés, así como los empresarios Carlos Sumarroca Claverol, Carlos Sumarroca Coixet y Luis Delso Heras.
Una larga historia
Jordi Pujol pasó de referente del nacionalismo catalán a personalidad repudiada desde su confesión en julio de 2014 del dinero que tenía oculto en Andorra al descubrir que un extrabajador de Banca Privada d’Andorra había sustraído documentos donde había referencias bancarias que se habían divulgado. Por ello, el clan familiar optó por regularizar 4 millones gracias a la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro.
Pese a ello, la familia terminó investigada por varios delitos relacionados con la corrupción anteriores a la confesión. El detonante fue la exnovia de Jordi Pujol Ferrussola, Vicky Álvarez, que en 2010 mantuvo una comida con la entonces líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho. La conversación, que se grabó y difundió, recogía como el hijo del expresidente movía el dinero en Andorra, palabras que ratificó ante su declaración policial.
Fue entonces cuando en 2012 se abrió la causa en el juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, aunque la investigación se aceleró a partir de la confesión del expresidente de la Generalitat. La carta del expresidente, que siempre defendió que se trataba de una herencia del «avi Florenci», abrió diligencias en en un juzgado barcelonés que terminó unido a las restantes en el alto tribunal.
La figura de Jordi Pujol ha pasado a una repudia general pese a pequeños grupúsculos de la antigua CDC que insisten en preservar su legado. El presidente catalán hasta 2003 renunció a su cargo de presidente honorífico de Convergència y a sus privilegios como «molt honorable», y su partido –carcomido por el 3% y el Caso Palau– se refundó en un Pdecat que ahora lucha para no ser engullido del todo por el fugado Puigdemont.
