Ciudadanos pierde los nervios ante su primer atisbo de corrupción

La fiscalía investiga a dieciocho concejales del PSC, de CiU y de Ciudadanos. En su condición de miembros del Consejo Comarcal del Barcelonés, votaron a favor de la renovación de un cargo de confianza pese a los informes en contra del secretario y de la interventora. La Guardia Civil se personó hace unos días en la sede del consejo para recabar la documentación. Curiosamente, las pesquisas de la fiscalía están poniendo de los nervios a los dirigentes de Ciudadanos, una formación hipersensible a los escándalos políticos, todo lo contrario que a los del PSC y del Pdecat, que ni siquiera se han inmutado por este asunto. Ya tienen la piel muy curtida.

La noticia de la investigación de fiscalía ha causado un gran revuelo en el interior de la formación de Albert Rivera. Fuentes del partido indican que les resulta incomprensible que sus cuatro representantes en el consejo del Barcelonés votaran a favor de la propuesta del equipo de gobierno, formado por PSC y CiU, para enchufar a un convergente como adjunto al gerente. Ciudadanos fue el único grupo de la oposición que votó a favor. Muchos militantes piden explicaciones por este voto.

Los concejales de Ciudadanos intentan quitar hierro a esta decisión. En declaraciones a Economía Digital, Marilén Barceló asegura que no se ha cometido ninguna irregularidad y Santiago Alonso indica que están muy tranquilos. Ambos son concejales del Ayuntamiento de Barcelona. El portavoz del grupo naranja, Rainaldo Ruiz, concejal de L’Hospitalet de Llobregat, dijo que explicaría los motivos de este polémico voto la próxima semana.

Este lunes empezarán a declarar en fiscalía

Precisamente, a partir del lunes están citados a declarar ante la fiscalía los dieciocho consejeros comarcales que votaron a favor de colocar al convergente Joan Canyameres como adjunto al gerente. Canyameres ocupó un puesto en la lista de Xavier Trias para el ayuntamiento de Barcelona, pero no fue elegido. Su sueldo supera los 56.000 euros brutos anuales. El secretario y la interventora advirtieron, cuando se le renovó para el puesto en octubre de 2015, que la ley de bases de régimen local no amparaba la contratación de un eventual para el cargo. El secretario acabó presentando una denuncia a fiscalía. A la vez, el consejo comarcal le suspendió por compaginar su cargo público con actividades privadas.

De los dieciocho consejeros comarcales investigados, siete son concejales del ayuntamiento de Barcelona. Se trata de los naranjas Barceló y Alonso; de los socialistas Carmén Andrés y Daniel Modol, que forman parte del equipo de gobierno de Ada Colau; y de los convergentes Jordi Martí Galbis, Francina Vila y Mercè Homs. Esta última, hermana del diputado Francesc Homs, procesado por el caso del 9N, abandonó el consejo comarcal el pasado febrero.

Acuerdan la disolución cuando están en el ojo del huracán

El presidente del consejo comarcal, el socialista Francesc Josep Belver, teniente de alcalde de Núria Marín en L’Hospitalet, no ha contestado a las múltiples peticiones de este medio para explicar su versión. También figura entre los investigados. En el pleno de este miércoles, el consejo comarcal del Barcelonés acordó por unanimidad instar a la Generalitat y al parlamento catalán que inicien los trámites para disolver esta administración local. Sus competencias y personal pasarán al Área Metropolitana de Barcelona.

La disolución no será inmediata. El calendario lo marcará el parlamento y, de momento, no tienen prisa para liquidarlo. La decisión de suprimir esta administración, con el argumento de que sus competencias se superponen con ayuntamientos y con la misma AMB, se produce cuando la fiscalía ha empezado a investigar su gestión.

Un sinfín de irregularidades

No sólo se investiga la contratación de cargos de confianza, sino también a las empresas públicas del ente comarcal. La Sindicatura de Comptes (equivalente el tribunal catalán de cuentas) detectó numerosas irregularidades en el período comprendido entre 2005 y 2001 y envió dos informes a la fiscalía. Estos asuntos se refieren a la Fundació Pisos de Lloguer, ya extinguida, y a la promotora Marina Badalona, que también aparece en el sumario del caso Pretoria que se está juzgando en la Audiencia Nacional.

Un día antes de que el pleno del consejo acordara pedir su disolución, el grupo de la CUP presentó otra denuncia ante la Oficina Antifraude de Cataluña en la que recopilan diversas irregularidades. Una de ellas es la contratación del adjunto al gerente. La portavoz del grupo anticapitalista, Alba Calvo, considera que es del todo innecesario que una administración que tan sólo cuenta con 34 empleados disponga de un gerente con un sueldo de 97.000 euros y, además, de un adjunto, con otro sueldo de 57.000 euros.